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Antecedentes

ANTECEDENTES

INTRODUCCI脫N

En esta parte se presentan de manera general los principales aspectos te贸rico-conceptuales y normativos que sustentan la investigaci贸n sobre acceso a la justicia, igualdad y g茅nero, y en cuyo marco se ha elaborado el Protocolo como Resultado de producci贸n de los dos proyectos FONDEF . Adem谩s, este apartado incorpora como antecedente las dimensiones centrales que conforman el diagn贸stico integrado sobre g茅nero, diversidades sexuales y el Poder Judicial de Chile, obtenido como resultado de la investigaci贸n que antecedi贸 a la elaboraci贸n del Protocolo.

Este marco te贸rico-conceptual, el marco normativo internacional y nacional, el diagn贸stico integrado, as铆 como tambi茅n la Pol铆tica de Igualdad de G茅nero y No Discriminaci贸n del PJUD y el Cuaderno Buenas Pr谩cticas para incorporar la perspectiva de g茅nero en las sentencias, forman parte de los antecedentes a partir de los que se han elaborado las recomendaciones de este Protocolo.

Marco Te贸rico y Conceptual

MARCO TE脫RICO Y CONCEPTUAL

ACCESO A LA JUSTICIA. UN DERECHO HUMANO ESENCIAL EN UN ESTADO SOCIAL DEMOCR脕TICO.

El acceso a la justicia, en un amplio sentido, es un derecho humano, por medio del cual se favorece el cumplimiento de la igualdad entre todas las personas. Es un derecho que, a su vez, es un instrumento para el ejercicio de otros derechos humanos.

Por lo anterior, su reconocimiento debe ser visto como elemento esencial de un Estado social democr谩tico. Garantizar su ejercicio legitima tal car谩cter democr谩tico.

As铆 entendido, el derecho de acceso a la justicia abarca diversas dimensiones que le dan su contenido, tanto de proceso como de resultados, y respecto de todas las cuales la atenci贸n en justicia resulta relevante para su cumplimiento.

  • Dimensiones de proceso del acceso a la justicia.

Involucra la posibilidad de contar y disponer de recursos y medios accesibles, disponibles, adecuados y eficaces para el reclamo de derechos; la existencia y respeto de los elementos del debido proceso legal para un proceso r谩pido, 谩gil y eficaz; y la rendici贸n de cuentas de los sistemas de justicia.

  • Dimensiones de resultados del acceso a la justicia.

Involucra la posibilidad para cada persona de obtener un pronunciamiento judicial justo, respetuoso de los derechos fundamentales.Se refiere a lo que se suele conocer como la tutela judicial efectiva de los derechos.

La existencia de contextos de desigualdad y discriminaci贸n estructural impiden a muchas personas ejercer su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad en las distintas dimensiones de este derecho, por ejemplo, en lo que se refiere a la atenci贸n como usuarias del sistema de justicia chileno.

De esta forma, no puede pensarse en el acceso a la justicia sin considerar los factores que se levantan como obst谩culos para la igualdad en este derecho.

  • Tales obst谩culos son de diverso orden:
  • F铆sicos, en un amplio sentido, como distancias geogr谩ficas o condiciones demogr谩ficas.
  • Econ贸micos, como la falta de presupuestos id贸neos para abordar la desigualdad estructural con estrategias apropiadas.
  • Sociales, como la existencia de inequidades econ贸micas que generan brechas en diversos 谩mbitos de la vida social.
  • Pol铆ticos, como es el dise帽o de los sistemas institucionales de justicia.
  • Normativos, como es el formalismo excesivo del sistema de justicia, particularmente en algunas materias, o la construcci贸n de determinados tipos penales o figuras civiles, o vac铆os legales que llevan a interpretaciones judiciales diversas o contradictorias sobre un mismo hecho, en ocasiones con la carencia del debido control de convencionalidad.
  • Culturales, como la construcci贸n de ciertas identidades atribuidas a personas o grupos.

Estos obst谩culos, que han sido relevados como barreras al acceso a la justicia por est谩ndares internacionales de derechos humanos, afectan con especial 茅nfasis a determinadas personas y colectivos. Entre esos grupos, mujeres y personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) son un ejemplo y reflejan las asimetr铆as y desequilibrios que han perdurado hist贸ricamente a partir de dichas barreras.

Espec铆ficamente, la existencia de estereotipos, roles y representaciones de g茅nero, as铆 como de pr谩cticas arraigadas de discriminaci贸n, constituyen persistentes factores que afectan el ejercicio del acceso a la justicia por mujeres y personas LGBTI.

A su vez, estos factores inciden en las relaciones al interior del Poder Judicial, proyectando sus consecuencias, no s贸lo en la atenci贸n a personas usuarias sino tambi茅n en las relaciones que se dan al interior de la instituci贸n.

El cruce de las particulares circunstancias de identidad y autopercepci贸n de las personas con otros factores de categorizaci贸n social, como la vulnerabilidad social o pobreza, la pertenencia a alg煤n pueblo originario o la discapacidad, agravan la situaci贸n y obligan a mirar de forma diferenciada cada situaci贸n o caso. Por ello es que se torna relevante el enfoque de la interseccionalidad aplicado a la justicia.

Las formas interseccionales de discriminaci贸n tienen efectos especialmente negativos en la atenci贸n a personas usuarias y en las din谩micas internas de funcionamiento de la instituci贸n. La interseccionalidad puede ser entendida como un mecanismo 煤til para garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia, pues emerge frente a la necesidad de analizar de manera integral y multidimensional, la realidad que viven no solo las mujeres en el ejercicio de sus derechos, sino tambi茅n distintos grupos y colectivos hist贸ricamente discriminados. Como enfoque centrado en quien es la persona afectada y sus circunstancias, la interseccionalidad ayuda a identificar, visibilizar y comprender como se cruzan en las personas diversas categor铆as o motivos sospechosos que debe ser tenidos en vista para hacer un an谩lisis m谩s riguroso de cada situaci贸n.

As铆, para grupos espec铆ficos de mujeres la sola denuncia de una vulneraci贸n puede producir victimizaci贸n secundaria, por la exposici贸n a ser cuestionada, estigmatizada o, incluso, ser expuesta como la responsable por pertenecer a determinados grupos, pudiendo incluso derivar en una falta de celeridad en la investigaci贸n o en el juzgamiento. Del mismo modo, para las mujeres funcionarias puede ser m谩s dif铆cil la promoci贸n en su carrera profesional.

La constataci贸n de este contexto hace indispensable explorar elementos conceptuales que aportan las teor铆as de g茅nero y dar una mirada diferente a la atenci贸n en justicia.

PERSPECTIVA DE G脡NERO Y SISTEMA DE JUSTICIA.

La perspectiva o enfoque de g茅nero es un paradigma o marco de an谩lisis para identificar, determinar y explicar por qu茅 en el caso de las mujeres y personas LGBTI existe una mayor desigualdad social en relaci贸n a hombres y quienes no desaf铆an el binario sexual. Como enfoque de an谩lisis, permite reconocer estereotipos y representaciones sociales de g茅nero fuertemente arraigados en las estructuras sociales que favorecen esa desigualdad, abriendo as铆 un esquema posible para abordar soluciones, sea normativas, de pol铆ticas p煤blicas o de pr谩cticas, por organismos p煤blicos y privados, incluyendo a quienes legislan y tribunales de justicia, por ejemplo.

Pudiendo ser vista como un m茅todo, involucra, adem谩s, no s贸lo una mirada desde la realidad de las mujeres sino tambi茅n desde las vivencias y modos de comprender la realidad de personas LGBTI, constituy茅ndose en una estrategia de actuaci贸n que permite visibilizar y luego interpretar la realidad de personas diferentes en sus diversos contextos y expresiones identitarias.

La perspectiva de g茅nero 鈥渉a buscado contribuir para generar una nueva forma de creaci贸n del conocimiento; una en la que se abandone la necesidad de pensarlo todo en t茅rminos del sujeto aparentemente neutral, pero pensado desde el imaginario del hombre blanco, heterosexual, propietario cristiano y educado; y, en cambio, se opte por una visi贸n que abarque todas las realidades, particularmente aquellas que hab铆an quedado fuera hasta entonces鈥.

En el caso de las mujeres, la perspectiva o enfoque de g茅nero permite ver y entender la situaci贸n de desventaja en que han vivido y contin煤an viviendo, y que es aceptada como natural. Utilizada como unos lentes de aumento, permite poner el foco en las situaciones de discriminaci贸n, desigualdad y violencia que viven principalmente las mujeres. Ayuda a interrogar y a analizar la realidad y, sobre todo, a impulsar transformaciones sociales, pues entender la perspectiva de g茅nero, reta y obliga a tomar posturas reflexivas frente a esas realidades que colocan en desventaja a las mujeres.

Como m茅todo para el derecho, la perspectiva de g茅nero puede ser vista como 鈥渦n parteaguas para que el grupo de las mujeres y las minor铆as sexuales empiecen a figurar en un plano de igualdad frente al grupo de los hombres, para que las instituciones jur铆dicas 鈥攄esde las m谩s tradicionales hasta las m谩s novedosas鈥 atiendan a las variadas implicaciones del g茅nero, as铆 como para que las normas sean interpretadas y aplicadas sin pasar por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las personas, debido a esa categor铆a y sus m煤ltiples efectos鈥.

De esta manera, y en relaci贸n espec铆ficamente al 谩mbito de la justicia y teniendo presente las dificultades para mujeres y personas LGBTI, la perspectiva de g茅nero cobra un valor relevante, por ejemplo, para la creaci贸n del derecho, para la interpretaci贸n, argumentaci贸n y adopci贸n de decisiones judiciales y para el posterior an谩lisis de jurisprudencia. Asimismo, tiene relevancia para la atenci贸n que las personas reciban por el sistema de justicia o por otros intervinientes en dicho sistema, como el Ministerio P煤blico, Defensor铆a Penal P煤blica o las fuerzas de orden y seguridad.

Incorporar la perspectiva de g茅nero puede favorecer la remoci贸n de los obst谩culos al acceso a la justicia que afectan de forma diferenciada a ciertas personas y colectivos, disminuyendo las asimetr铆as y desequilibrios que se perpet煤an a partir de las barreras en el acceso a la justicia en todas sus dimensiones.

芦Las principales barreras que dicen relaci贸n con el marco jur铆dico que regula las sociedades en las que viven las mujeres tienen que ver con la presencia de leyes abiertamente discriminatorias y aplicaci贸n de leyes con falta de perspectiva de g茅nero y derechos humanos.禄

Un enfoque de este tipo, adem谩s, dialoga con la independencia e imparcialidad judicial, requisitos y a la vez principios de la funci贸n jurisdiccional que no s贸lo se levantan como derecho a favor de toda persona que es sometida a un proceso judicial, sino que tambi茅n deben ser vistos como una garant铆a para quienes van a juzgar, es decir, para que tengan las condiciones tanto institucionales como personales para cumplir su mandato.

DESIGUALDAD, ESTEREOTIPOS, ROLES Y REPRESENTACIONES DE G脡NERO.

En Chile, la desigualdad se expresa de diversas maneras. As铆 fue puesto en evidencia por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Informe 鈥淒esiguales鈥 de 2017 y que da cuenta que la desigualdad es parte de la fisonom铆a hist贸rica del pa铆s y un rasgo estructural del orden social, desde los inicios del pa铆s hasta estos d铆as.

Los buenos indicadores socioecon贸micos del pa铆s esconder铆an una realidad menos auspiciosa: en Chile los frutos y las oportunidades del progreso no alcanzan a todas las personas por igual. La desigualdad socioecon贸mica en el pa铆s no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca adem谩s los campos de la educaci贸n, el poder pol铆tico y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, la poblaci贸n rural y de las regiones retrasadas, los pueblos ind铆genas, y a personas de diversas minor铆as.

Espec铆ficamente en temas de g茅nero, si bien han cambiado las percepciones y representaciones de manera favorable durante la d茅cada pasada, ello no impidi贸 que el pa铆s ocupara, en el a帽o 2021, el lugar 47 a nivel mundial en el 铆ndice que mide la desigualdad de g茅nero. Este 铆ndice se estructura a trav茅s de tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y actividad econ贸mica. As铆 medido, este 铆ndice afecta el buen lugar n煤mero 42 que Chile exhibe a nivel mundial en el desarrollo humano que se establece a partir de un conjunto de indicadores como la tasa de alfabetizaci贸n, a帽os de escolaridad, esperanza de vida al nacer e ingreso per c谩pita.

En relaci贸n al sistema de justicia chileno, el Estudio Diagn贸stico efectuado por el Poder Judicial dej贸 establecido que, si bien en la instituci贸n se reconoce la igualdad formal y por ende no existen discriminaciones o exclusiones expl铆citas de hombres ni de mujeres por alguna condici贸n vinculada a su g茅nero, algunos aspectos podr铆an incidir en discriminaciones materiales. Por ejemplo, la masculinizaci贸n o feminizaci贸n de la descripci贸n de ciertos cargos al interior de la instituci贸n, o la ausencia de menci贸n o reconocimiento como sujetos de protecci贸n a personas de diversidades sexuales, como s铆 se hace con las mujeres y otros grupos sometidos a condiciones de vulnerabilidad.

Es necesario reconocer la desigualdad para problematizarla en sus causas y abordarla como una caracter铆stica que no es natural a la sociedad humana y que permea a todo el sistema de justicia chileno. Esta se construye por la acci贸n concertada de diversos factores culturales que act煤an sobre la existencia de las diferencias sociales, es decir, que intervienen frente a la circunstancia de que las personas poseen distintas caracter铆sticas y diferentes roles sociales, tales como el sexo, el color de la piel, la estatura, por ejemplo, o tienen asignadas tareas u ocupaciones que quedan configurados por estereotipos sobre c贸mo son vistas las personas y lo que se espera de ellas.

Todas las personas ven la realidad de formas distintas construyendo una realidad que hacen propia y desde la cual se da significado al mundo. En ese proceso los estereotipos moldean ese significado y conducen a categorizar a las personas que se perciben como diferentes. Los estereotipos son atributos que indiscriminadamente se asocian a un grupo de forma generalizada, a veces con car谩cter neutro y otras, con una valoraci贸n negativa de forma expresa o encubierta.

En materia de g茅nero y diversidades sexuales estos atributos asumidos moldean la forma de ver la realidad y favorecen los roles, esto es, los comportamientos socialmente esperados para quien ocupa un determinado puesto o posici贸n social. Por ejemplo, se espera que el hombre sea el proveedor econ贸mico en el hogar y que la mujer cumpla labores dom茅sticas y de crianza. En el 谩mbito de las labores funcionarias a su vez, puede resultar esperable que las mujeres asuman ciertas tareas dom茅sticas de funcionamiento interno que no aparecen exigibles a hombres.

En ciertas oportunidades no es f谩cil establecer una distinci贸n clara entre estereotipo y rol, ya que los conceptos tienden a coincidir o encontrarse estrechamente relacionados. De esta forma, las expectativas de rol pueden construirse desde los estereotipos. Por ejemplo, la creencia estereotipada de que las mujeres son m谩s emocionales y emp谩ticas que los hombres, puede conducir a que, socialmente, se espere que desempe帽en roles de cuidado y crianza antes que roles de jefatura o que laboren en ciertas 谩reas del sistema de justicia de forma preferente, como el 谩rea de familia. Tambi茅n, la idea generalizada de que las mujeres se deben comportar de forma recatada en relaci贸n a la expresi贸n de su sexualidad, puede conducir a que se espere de ellas que tomen medidas para prevenir situaciones de violencia sexual.

Si bien los estereotipos son categorizaciones de origen social y cultural debe reconocerse que afectan lo jur铆dico por cuanto pueden determinar la interpretaci贸n de una norma, la argumentaci贸n de una decisi贸n o de la realidad que se discute en un proceso judicial, pudiendo afectar la tutela judicial efectiva, por ejemplo. As铆 tambi茅n, pueden condicionar la atenci贸n que recibe una persona o las relaciones que se dan al interior de la instituci贸n.

Marco Normativo

MARCO NORMATIVO

ACCESO A LA JUSTICIA Y GARANT脥AS JUDICIALES.

Durante las 煤ltimas dos d茅cadas Chile ha venido desarrollando una modernizaci贸n de car谩cter global respecto del sistema de justicia. Esto parte el a帽o 2000 con la reforma procesal penal tendiente a mejorar las garant铆as del debido proceso, en conformidad a la Constituci贸n Pol铆tica y los tratados internacionales. A esa gran reforma le han seguido otras igualmente importantes en los 谩mbitos de familia y laboral, las cuales tuvieron como eje, al igual que en materia penal, la idea de favorecer el acceso a la justicia para sectores tradicionalmente excluido. Hoy, la modernizaci贸n de la justicia abarca 谩reas tan espec铆ficas como la ambiental, de libre competencia, tributaria, aduanera, de justicia militar y civil, aunque 茅sta 煤ltima ha sido m谩s lenta y est谩 a煤n en proceso de desarrollo. Lo anterior da cuenta de un compromiso general con las personas usuarias y sus derechos.

De esta manera, con cambios en la legislaci贸n sustantiva y procedimental, Chile cumple con el actual mandato constitucional de igual protecci贸n de la ley en el ejercicio de los derechos, consagrado en el art铆culo 19 N掳 3 de la Constituci贸n Pol铆tica de la Rep煤blica de 1980 y con el reconocimiento del acceso a la justicia en sus diversas dimensiones, consagradas algunas de ellas en el mismo art铆culo 19.

Adem谩s, Chile manifiesta de esta manera el compromiso con los art铆culos 8掳 y 25掳 de la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos (CADH o Pacto de San Jos茅 de Costa Rica) y 14掳 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos (PIDCP). La normativa internacional de derechos humanos que obliga a Chile contempla como un est谩ndar el mandato para los Estados de crear y mantener una institucionalidad para desarrollar mecanismos de protecci贸n de los derechos en el nivel interno. Tales mecanismos, sean judiciales o administrativos, son especialmente relevantes respecto de grupos en condici贸n de especial vulnerabilidad. Sobre ello, el Comit茅 de Derechos Humanos ha se帽alado que elacceso a la administraci贸n de justicia debe garantizarse en todos esos casos para asegurar que ninguna persona se vea privada, por lo que toca al procedimiento, de su derecho a exigir justicia.

Espec铆ficamente, respecto de mujeres, el Comit茅 de expertos que vigila el cumplimiento de la Convenci贸n para Eliminar toda forma de discriminaci贸n contra la mujer (CEDAW), ha dicho que 鈥(鈥) El derecho de acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la realizaci贸n de todos los derechos protegidos en virtud de la Convenci贸n sobre la Eliminaci贸n de Todas las Formas de Discriminaci贸n contra la Mujer. Es un elemento fundamental del estado de derecho y la buena gobernanza, junto con la independencia, la imparcialidad, la integridad y la credibilidad de la judicatura, la lucha contra la impunidad y la corrupci贸n, y la participaci贸n en pie de igualdad de la mujer en la judicatura y otros mecanismos de aplicaci贸n de la ley. El derecho de acceso a la justicia es pluridimensional. Abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, el acceso, la buena calidad, el suministro de recursos jur铆dicos para las v铆ctimas y la rendici贸n de cuentas de los sistemas de justicia. A los fines de la presente recomendaci贸n general, todas las referencias a la 鈥渕ujer鈥 debe entenderse que incluyen a las mujeres y las ni帽as, a menos que se indique espec铆ficamente otra cosa鈥.

En lo que refiere a los derechos de las personas LGTBI, un informe de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de mayo de 2019, indica claramente que uno de los desaf铆os mayores para tal grupo de personas tiene que ver con el acceso a la justicia de forma efectiva. Si bien se reconoce la constante promulgaci贸n de legislaci贸n sobre inclusi贸n de la orientaci贸n sexual y/o identidad de g茅nero como circunstancias agravantes del delito en diversos pa铆ses de la regi贸n, como en Chile, se advierte que, no obstante ello, la implementaci贸n de tales medidas con frecuencia es d茅bil, debido a las ineficiencias y obst谩culos que existen en el acceso a la justicia respecto de cr铆menes de odio, incluyendo la prevalencia de prejuicios en las investigaciones y la falta de entrenamiento de la polic铆a, especialistas forenses, fiscales y jueces.

Tambi茅n, en el informe referido se levanta la importancia que jueces y juezas pueden tener en torno a garantizar el acceso a la justicia de grupos en condici贸n de vulnerabilidad a trav茅s de sus decisiones. En efecto, la CIDH ha reconocido que las juezas y los jueces son los principales actores para lograr la protecci贸n judicial de los derechos humanos en un Estado democr谩tico, as铆 como del debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanci贸n[4].

En la misma l铆nea se encuentran instrumentos normativos reconocidos por Chile. Tal es el caso de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condici贸n de vulnerabilidad, adoptadas en la IV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil en marzo de 2008 y actualizadas en la XIX Cumbre Judicial celebrada en abril 2018. La Regla N掳3 de la actualizaci贸n se帽ala que una persona o grupo de personas se encuentran en condici贸n de vulnerabilidad, 鈥渃uando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sit煤e en situaci贸n de riesgo, no est谩 desarrollada o se encuentra limitada, por circunstancias diversas, para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jur铆dico鈥. Tambi茅n es el caso del Protocolo Iberoamericano de Actuaci贸n judicial para mejorar el acceso a la justicia de mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero, adoptado en la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana en Chile en abril de 2014.

Durante las 煤ltimas dos d茅cadas Chile ha venido desarrollando una modernizaci贸n de car谩cter global respecto del sistema de justicia. Esto parte el a帽o 2000 con la reforma procesal penal tendiente a mejorar las garant铆as del debido proceso, en conformidad a la Constituci贸n Pol铆tica y los tratados internacionales. A esa gran reforma le han seguido otras igualmente importantes en los 谩mbitos de familia y laboral, las cuales tuvieron como eje, al igual que en materia penal, la idea de favorecer el acceso a la justicia para sectores tradicionalmente excluido. Hoy, la modernizaci贸n de la justicia abarca 谩reas tan espec铆ficas como la ambiental, de libre competencia, tributaria, aduanera, de justicia militar y civil, aunque 茅sta 煤ltima ha sido m谩s lenta y est谩 a煤n en proceso de desarrollo. Lo anterior da cuenta de un compromiso general con las personas usuarias y sus derechos.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACI脫N.

La Constituci贸n Pol铆tica de la Rep煤blica de 1980 consagra en el art铆culo 19 N掳2 la igualdad ante la ley, que en Chile no hay persona ni grupo privilegiados y que hombres y mujeres son iguales ante la ley. La misma norma, adem谩s, establece que ni la ley ni autoridad alguna podr谩n establecer diferencias arbitrarias.

Por su parte, el mismo art铆culo 19 recoge el reconocimiento a diversas dimensiones de acceso a la justicia en su numeral 3, consagrando as铆 aspectos centrales del debido proceso.

Entre las bases de la institucionalidad, la actual Constituci贸n Pol铆tica indica en su art铆culo 1掳 que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que el Estado est谩 al servicio de la persona humana, siendo su finalidad promover el bien com煤n, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a cada persona su mayor realizaci贸n espiritual y material posible, con pleno respeto a sus derechos.

Diversas leyes, en tanto, han recogido el reconocimiento de determinados derechos a fin de favorecer la igualdad debida entre todos los seres humanos, o han regulado situaciones en que se evidencia la especial vulnerabilidad por g茅nero y diversidad sexual a que est谩n expuestas muchas personas, agravada en ciertas circunstancias por las formas interseccionales de discriminaci贸n.

En este sentido, constituyen avances relevantes la ley N掳 19.284(1994) sobre plena integraci贸n social de personas con discapacidad; la ley N掳 20.348(2009), que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones; la ley N掳 20.422(2010) que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusi贸n social de personas con discapacidad; la ley N掳 20.609(2012), que establece medidas contra la discriminaci贸n; la ley N掳 20.685 (2013), sobre delitos sexuales contra menores de edad; la ley N掳 20.830(2015), que crea el acuerdo de uni贸n civil; la ley N掳 20.750(2014), que establece el respeto al g茅nero, la orientaci贸n sexual y a la identidad de g茅nero en la televisi贸n abierta; la ley N潞 20.940 (2016), que moderniza el sistema de relaciones laborales, indicando que configuran actos de discriminaci贸n, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas, entre otros motivos, en la orientaci贸n sexual e identidad de g茅nero. ; la ley N掳 20.968 (2016), que tipifica los delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes y protege a esas mismas categor铆as; y la ley N掳 21.120 (2018), que reconoce y da protecci贸n al derecho a la identidad de g茅nero.

Asimismo, otras leyes han ido recogiendo figuras o regulando diversas situaciones que afectan de manera diferenciada a mujeres. Tal es el caso de la ley N掳 20.005(2005), que sanciona y tipifica el acoso sexual, las leyes N掳 20.066(2005) y 20.480(2010), regulatorias de la violencia intrafamiliar; la ley N掳 20.840 (2015), que sustituye el sistema electoral binominal por uno de car谩cter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional; la ley N掳 21.153(2019), que tipifica el delito de acoso sexual en espacios p煤blicos; la ley N掳 21.212 (2020), que modific贸 la normativa nacional ampliando el marco legal del femicidio; la ley N掳 21.216 (2020), que modifica la carta fundamental para permitir la conformaci贸n de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de g茅nero en las candidaturas y en la integraci贸n del 贸rgano constituyente que se conforme para la creaci贸n de una nueva Constituci贸n Pol铆tica de la Rep煤blica; la ley N掳21.264 (2020), que modifica el C贸digo Civil y suprime impedimento de segundas nupcias; y la ley N掳 21.334 (2021), sobre determinaci贸n del orden de los apellidos por acuerdo de los padres.; la Ley N潞21.389 (2021), que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos; la Ley N掳 21.484 (2022) sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos; la Ley N掳21.510 (2022) que extiende transitoriamente el permiso postnatal parental; la Ley N掳21.515 (2022) que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayor铆a de edad como requisito esencial para la celebraci贸n del matrimonio; la Ley N掳21.523 (2022) que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garant铆as procesales, proteger los derechos de las v铆ctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimizaci贸n; y la Ley N掳21.565 (2023) que establece un r茅gimen de protecci贸n, y reparaci贸n integral en favor de las v铆ctimas de femicidio y sus familias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como 贸rgano jurisdiccional que por mandato de autoridad entregado por los Estados parte interpreta las disposiciones de la Convenci贸n Americana de Derechos Humanos, ha relevado la importancia de la igualdad y la no discriminaci贸n en su jurisprudencia contenciosa y consultiva. En la sentencia dictada en el Caso Atala Riffo y ni帽as contra Chile, record贸 sus Opiniones Consultivas 4/84 y 18/03 en las cuales se帽ala que la noci贸n de igualdad se desprende de la unidad de la naturaleza del g茅nero humano y es inseparable de la dignidad, y que el principio de igualdad y no discriminaci贸n ha entrado al dominio del ius cogens. En la misma sentencia contra Chile dej贸 establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminaci贸n de jure o de facto y que est谩n obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protecci贸n que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y pr谩cticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias . En 2017, en la Opini贸n Consultiva 24/17, sobre identidad de g茅nero, e igualdad y no discriminaci贸n a parejas del mismo sexo ha reiterado tales est谩ndares internacionales de derechos humanos, dejando establecido que ninguna norma, decisi贸n o pr谩ctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientaci贸n sexual, su identidad de g茅nero y/o su expresi贸n de g茅nero. En similar sentido se pronunci贸 nuevamente en 2022, tambi茅n en una sentencia reca铆da contra Chile. En el caso Pavez Pavez reiter贸 la importancia de la obligaci贸n de no discriminar y adem谩s reforz贸 la importancia de comprender el derecho a la identidad desde la autonom铆a e individualidad de cada persona, recordando que todas las personas deben ser tratadas como iguales.

La Corte IDH ha puesto de relieve la relaci贸n que existe entre el acceso a la justicia y la igualdad y no discriminaci贸n, afirmando que ambas son elementos constitutivos de un principio b谩sico y general relacionado con la protecci贸n de los derechos humanos. Por su parte, el Comit茅 para la eliminaci贸n de la discriminaci贸n contra la mujer ha indicado que hay seis componentes esenciales y relacionados entre s铆 鈥 justiciabilidad (esto es, poder hacer efectivo un derecho por medio de un recurso judicial), disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, rendici贸n de cuenta de los sistemas de justicia y suministro de recursos a las v铆ctimas 鈥 que son necesarios para asegurar el acceso a la justicia. Si bien es cierto que las diferencias en las condiciones jur铆dicas, sociales, culturales, pol铆ticas y econ贸micas prevalecientes exigir谩n una aplicaci贸n diferenciada de estas caracter铆sticas en cada Estado parte, los elementos b谩sicos del criterio son su aplicaci贸n universal e inmediata.

LA IMPORTANCIA DE LA RELACI脫N E INTERDEPENDENCIA ENTRE EL DERECHO NACIONAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO.

Chile ha firmado y ratificado tratados internacionales sobre derechos humanos y ha aceptado en algunos casos la competencia de los 贸rganos llamados a supervisar el cumplimiento de los compromisos contra铆dos en tales instrumentos. Este es el caso de la Convenci贸n Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Jos茅 de Costa Rica, la Convenci贸n para la Eliminaci贸n de toda forma de discriminaci贸n contra la mujer, o la Convenci贸n para Prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, entre otras.

El marco normativo nacional para asumir estos compromisos internacionales est谩 dado por el art铆culo 5掳, inciso 2掳 de la Constituci贸n Pol铆tica de 1980, que establece como l铆mite al ejercicio de la soberan铆a el respeto de los 贸rganos del Estado a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, as铆 como por la Constituci贸n Pol铆tica.

Con la actual norma constitucional, se reconoce la retroalimentaci贸n rec铆proca que corresponde entre el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, como principio tambi茅n de armonizaci贸n entre ambos 贸rdenes normativos que rigen en un Estado. De esta forma, quien juzga a nivel nacional deber铆a interpretar y aplicar el derecho internacional de los derechos humanos cuando este fije una ventaja sobre el derecho nacional; a su vez, los tribunales internacionales deben considerar el derecho nacional que mejora o complementa el derecho internacional.

Consecuente con lo anterior, debe tenerse presente la variedad de expresiones normativas del derecho internacional de los derechos humanos, la relevancia de las normas de ius cogens como orden p煤blico internacional y la existencia de instrumentos de diversa naturaleza que contribuyen a la formaci贸n de est谩ndares internacionales de derechos humanos de aplicabilidad en materias espec铆ficas y que ayudan a concretar el principio de interpretaci贸n evolutiva de las normas de derechos humanos. La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos ha definido como tales est谩ndares jur铆dicos 鈥渁l conjunto de decisiones judiciales, informes tem谩ticos y de pa铆s, y otras recomendaciones adoptadas por la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos. El t茅rmino 鈥渆st谩ndares jur铆dicos鈥 ,asimismo, se refiere a los tratados regionales de derechos humanos que gobiernan el sistema interamericano, como la Convenci贸n Americana y la Convenci贸n de Bel茅m do Par谩. El concepto, de igual forma, se refiere a las sentencias y opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos鈥.

El principio de retroalimentaci贸n entre el orden normativo internacional y el nacional, aceptado ampliamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deriva de la consideraci贸n de que las obligaciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos para los Estados no van s贸lo en beneficio de tales Estados, sino que tienen por fin salvaguardar la dignidad humana, por lo cual se miran como instrumentos vivos, es decir, su interpretaci贸n tiene que acompa帽ar la evoluci贸n de los tiempos y las condiciones de vida actuales.

Los 贸rganos del Estado, incluidos sus jueces y juezas, est谩n sometidos a los tratados de que es parte el Estado al que pertenecen, lo cual les obliga a velar por el respeto de los efectos de las disposiciones de tales acuerdos, en cumplimiento del principio de que lo pactado obliga al Estado.

Respecto de la Convenci贸n Americana de Derechos Humanos, la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que existen dos tipos de medidas: la supresi贸n de las normas y pr谩cticas de cualquier naturaleza que entra帽en la violaci贸n a las garant铆as previstas en la Convenci贸n o que desconozcan los derechos all铆 reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y la expedici贸n de normas y el desarrollo de pr谩cticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garant铆as.

Por su parte, la Corte IDH, cumpliendo su cometido, en su primera sentencia, estableci贸 que 鈥淓l ejercicio de la funci贸n p煤blica tiene unos l铆mites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado鈥. Estableci贸 as铆 que el deber estatal de actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de los derechos humanos abarca cuatro obligaciones: la prevenci贸n, la investigaci贸n, la sanci贸n y la reparaci贸n de las violaciones para evitar la impunidad.

A帽os despu茅s, al resolver un caso promovido contra Chile, estableci贸 el llamado control de convencionalidad, indicando que el Poder Judicial debe ejercer una especie de 鈥榗ontrol de convencionalidad鈥 entre las normas jur铆dicas internas que aplican en los casos concretos y la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino tambi茅n la interpretaci贸n que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, int茅rprete 煤ltima de la Convenci贸n Americana.

Desde all铆 en adelante, el control de convencionalidad, en cuanto doctrina dirigida hacia los Estados, ha tenido un importante desarrollo jurisprudencial. Sus lineamientos se han ido expresando as铆 en la resoluci贸n de diversos casos referidos a la responsabilidad de diversos Estados y sus agentes.

Uno de los casos m谩s relevantes del sistema interamericano es el Caso Atala Riffo y ni帽as contra Chile. En efecto, en su sentencia del a帽o 2012 se帽al贸 al Estado chileno que, conforme lo ha establecido en su jurisprudencia previa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es consciente que las autoridades internas est谩n sujetas al imperio de la ley y, por ello, est谩n obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jur铆dico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convenci贸n Americana, todos sus 贸rganos, incluidos sus jueces y dem谩s 贸rganos vinculados a la administraci贸n de justicia, tambi茅n est谩n sometidos a aqu茅l, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convenci贸n no se vean mermados por la aplicaci贸n de normas contrarias a su objeto y fin. As铆 los jueces y 贸rganos vinculados a la administraci贸n de justicia en todos los niveles est谩n en la obligaci贸n de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convenci贸n Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, reiterando que en esta tarea, los jueces y 贸rganos vinculados a la administraci贸n de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino tambi茅n la interpretaci贸n que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, int茅rprete 煤ltima de la Convenci贸n Americana.

DIAGNOSTICO INTEGRADO SOBRE G脡NERO, DIVERSIDADES SEXUALES Y EL PODER JUDICIAL DE CHILE.

DIAGNOSTICO INTEGRADO SOBRE G脡NERO, DIVERSIDADES SEXUALES Y EL PODER JUDICIAL DE CHILE.

En este apartado se presentan en forma integrada los principales hallazgos de la investigaci贸n y diagn贸stico desarrollados durante los a帽os 2018 a 2019, en la primera Fase de investigaci贸n del Proyecto FONDEF en su Primera Etapa y en forma previa a la elaboraci贸n del Protocolo.

Tales hallazgos se han ordenado en cuatro dimensiones, conforme el resultado del an谩lisis desarrollado:

1)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Caracter铆sticas generales del Poder Judicial de Chile que inciden en la atenci贸n a personas usuarias y en las relaciones al interior de la instituci贸n.

2)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Estereotipos, roles y representaciones de g茅nero y diversidad sexual en el Poder Judicial y sus consecuencias pr谩cticas.

3)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Formaci贸n, especializaci贸n y difusi贸n.

4)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Poder Judicial, sociedad y cambio institucional.

El diagn贸stico es el resultado de una metodolog铆a de investigaci贸n mixta, que contempl贸 t茅cnicas cuantitativas y cualitativas de an谩lisis. Las t茅cnicas de levantamiento de informaci贸n fueron cuatro:

  1. Rean谩lisis de la base de datos del Estudio Diagn贸stico del PJUD del 2016 con integrantes del PJUD (3902 encuestas online).
  2. Entrevistas semiestructuradas a 27 informantes clave de diferentes perfiles internos y externos al PJUD.
  3. 10 grupos Focales, con integrantes del PJUD (35 personas) y con organismos p煤blicos y privados que operan como usuarios externos del sistema judicial (20 personas)
  4. An谩lisis de Sentencias judiciales, usando una muestra intencionada de 74 sentencias, correspondientes a los 谩mbitos del derecho civil, penal, laboral y familia.

Los detalles respecto al proceso metodol贸gico de di谩gnostico y elaboraci贸n del Protocolo se encuentran desarrollados en la parte de Anexos del Protocolo.

De esta manera, lo que se presenta como diagn贸stico integrado corresponde 煤nicamente a informaci贸n generada desde el Proyecto FONDEF y tributa a la contextualizaci贸n del Protocolo, sin incluir informaci贸n de otras fuentes que puedan tener relaci贸n con cada una de las dimensiones de este diagn贸stico.

1) CARACTER脥STICAS GENERALES DEL PODER JUDICIAL DE CHILE QUE INCIDEN EN LA ATENCI脫N A PERSONAS USUARIAS Y EN LAS RELACIONES AL INTERIOR DE LA INSTITUCI脫N.

El Poder Judicial es visto como una instituci贸n altamente jer谩rquica en la que la autoridad es ejercida verticalmente. Normalmente existe la idea de que juezas y jueces no deben justificar sus conductas, recurri茅ndose al argumento de autoridad; o que cuentan con facilidades que otras personas que integran la instituci贸n no tienen, tales como, horarios simplemente referenciales o acceso a salir del lugar de trabajo en situaciones especiales y sin necesidad de solicitar permiso. Esta jerarqu铆a y sus consecuencias negativas ha sido tradicional e hist贸rica en la instituci贸n. No obstante, en algunas oportunidades, la existencia de tal jerarqu铆a puede tener consecuencias positivas. Tal es el caso de pol铆ticas o decisiones adecuadamente encaminadas, como la pol铆tica institucional de g茅nero, que se ven favorecidas al promover su seguimiento desde las m谩ximas autoridades de la instituci贸n.
Ello se reproduce en distintas instancias, generando un trato y expectativas distintas para las personas seg煤n su sexo o su g茅nero, sobre todo en cuanto a los puestos que ocupan dentro de la estructura, las funciones, las caracter铆sticas asociadas y la conducta esperada. Por ejemplo, esto se manifiesta en la trayectoria al interior de la instituci贸n para llegar a ser ministro o ministra de tribunales superiores, o en relaci贸n con la visi贸n masculinizada de los m谩s altos cargos.
Existe la creencia de que hay roles naturalizados de g茅nero que son considerados m谩s apropiados para hombres o para mujeres, as铆 como estereotipos de g茅nero que estar铆an fuertemente presentes en la instituci贸n. En lo que respecta a las diversidades sexuales, en muchas personas funcionarias estar铆a presente una visi贸n heteronormativa y cisnormativa, que puede afectar los derechos de personas LGBTI. No obstante lo anterior, algunas personas manifiestan que no habr铆a desigualdad ni discriminaci贸n en temas de g茅nero y diversidad sexual en el Poder Judicial. El argumento que se esgrime es que en muchos espacios de la instituci贸n, hay m谩s mujeres que hombres trabajando, o que hay casos de personal con orientaci贸n sexual homosexual sin que haya evidencia de discriminaciones. Asimismo, no se reconoce la existencia de pr谩cticas discriminatorias en el ejercicio de fallar, ya que se sostiene que los jueces y juezas distinguir铆an claramente entre sus opiniones personales en torno a estos temas y su rol cuando deben aplicar la ley. Tambi茅n se constata que las personas usuarias son m谩s cr铆ticas que las personas integrantes del PJUD. En lo que respecta a situaciones de discriminaci贸n, acoso, trato y/o representaciones sexistas y contrarias a las diversidades sexuales, las personas usuarias tienden a considerar que se est谩 ante pr谩cticas bastante frecuentes y generalizadas en la instituci贸n. En cambio, las personas integrantes de este poder del Estado tienden a mostrar una visi贸n m谩s matizada o moderada. Si bien reconocen la existencia de estos problemas y su gravedad, estiman que 茅stos ser铆an m谩s ocasionales que recurrentes. Asimismo, dentro de los perfiles de integrantes del PJUD las mujeres y las representantes de asociaciones gremiales tienen una postura m谩s cr铆tica que los hombres, ya que consideran que las situaciones discriminatorias son m谩s frecuentes y graves de lo que se cree.
Si bien muchas organizaciones son jerarquizadas, en el Poder Judicial esta jerarqu铆a reduce la posibilidad de cr铆tica al interior de la instituci贸n. As铆, si una jefatura est谩 incurriendo en alguna pr谩ctica sexista o discriminatoria, es dif铆cil que estos comportamientos puedan ser visibilizados o comentados por alguien de una jerarqu铆a m谩s baja, por el temor existente a una consecuencia negativa derivada de la acci贸n de criticar o cuestionar.
Muchos de los procedimientos est谩n altamente formalizados, lo que, si bien resulta necesario en procesos como los referidos a acoso sexual u otras situaciones graves, puede limitar la posibilidad de resolver problemas r谩pidamente y de forma creativa o flexible.

Se considera que en la Regi贸n Metropolitana se dispone de mayores recursos (humanos, infraestructura, etc.) para poder desempe帽arse. Adem谩s, en los tribunales de otras regiones, especialmente de zonas rurales, hay un mayor conocimiento del contexto y detalles de los casos, dado que en lugares m谩s peque帽os las personas pueden conocerse de forma m谩s directa.

Esto es considerado un problema, puesto que, a pesar de que quienes integran el PJUD reconocen los esfuerzos institucionales realizados para una mayor regulaci贸n, a煤n persiste la idea de que para ascender en la carrera judicial las personas deben intentar influir en las decisiones de los ministros y ministras mediante pr谩cticas que son tradicionales, pero no por eso deseables y que s铆 han sido toleradas (como la hist贸rica pr谩ctica conocida como 鈥渂esa mano鈥). Se reconoce que esto es resentido particularmente por las mujeres.

Quienes ejercen la profesi贸n de la abogac铆a tienden a asignar un menor valor a otras profesiones (psicolog铆a, administraci贸n p煤blica, trabajo social). Tambi茅n, se se帽ala que son recurrentes las situaciones las personas que desarrollan la funci贸n de juzgar no asignan mayor valor a la opini贸n proveniente de otros y otras profesionales.
Si bien se constata que los esfuerzos institucionales por incluir la perspectiva de g茅nero y comunicarlos efectivamente a la ciudadan铆a han favorecido una percepci贸n ciudadana positiva en este punto, se constata de igual modo que se mantienen prejuicios y valoraciones negativas de la instituci贸n en raz贸n de pr谩cticas que se producen y que afectan el acceso a la justicia en todas sus dimensiones.

2) ESTEREOTIPOS, ROLES Y REPRESENTACIONES DE G脡NERO Y DIVERSIDADES SEXUALES EN EL PODER JUDICIAL Y SUS CONSECUENCIAS PR脕CTICAS.

Existe al interior del Poder Judicial una presencia constante de diversos estereotipos y roles de g茅nero, que se basan y fundamentan en una visi贸n binaria del sexo y g茅nero, asignando caracter铆sticas consideradas femeninas y masculinas. Dichos estereotipos y roles de g茅nero efectivamente pueden afectar el acceso a la justicia de las personas usuarias en su atenci贸n por el sistema, as铆 como la igualdad de trato entre personas integrantes del Poder Judicial.

2.1. El testimonio de las mujeres es poco confiable. Existe la creencia de que los relatos de las mujeres pueden ser poco fiables y que pueden mentir en los casos de violencia de g茅nero, o que buscan obtener alg煤n tipo de beneficio personal o instrumental cuando presentan una denuncia. Se constata que se cuestionan los relatos, en especial seg煤n la edad de la mujer y el contexto de procedencia.

2.2. Las mujeres que viven situaciones de violencia y/o de acoso sexual son en parte responsables de la situaci贸n, ya que su propia conducta puede provocar la violencia..Existe la creencia que las mujeres que son v铆ctimas de situaciones de violencia y/o de acoso sexual son en parte responsables de la situaci贸n, ya que la violencia ser铆a provocada en parte por su propia conducta.

2.3. Las mujeres carecen de regulaci贸n emocional. Existe una representaci贸n estereotipada de que las mujeres tienen dificultades para regular o controlar sus emociones (se cree que pueden ser consideradas como 鈥渓ocas鈥, 鈥渉ist茅ricas鈥, 鈥渟ensibles鈥) en comparaci贸n a los hombres, lo cual dar铆a cuenta de una menor racionalidad femenina.

2.4. Las mujeres no son id贸neas para puestos de jefatura. Ellas no se desempe帽ar铆an bien en los puestos que supongan el manejo del poder y la toma de decisiones que deban fundarse racional y no emotivamente, precisamente por carecer de las cualidades de racionalidad, mesura y regulaci贸n emocional, supuestamente necesarias para estos cargos.

2.5. Los hombres tendr铆an un desempe帽o laboral superior al de las mujeres. Se cree que, en general, los hombres ser铆an m谩s efectivos al realizar las tareas que las mujeres. Adem谩s, se piensa que cuando mujeres acceden a puestos de jefatura que tienen cierto grado de masculinizaci贸n, no lograr铆an hacerlo adecuadamente, puesto que al asimilar en exceso cualidades masculinas, terminan siendo jefas que incurren en malos tratos y ausencia de mesura para tomar decisiones.

2.6. Las mujeres son m谩s amables y emp谩ticas que los hombres. Se considera que las mujeres tienen un mejor trato que los hombres y que, adem谩s, realizan en mayor medida el ejercicio de ponerse en el lugar de las otras personas.

2.7. Las mujeres se ausentar铆an m谩s en el trabajo. Existe la idea de que las mujeres frecuentemente presentan licencias de diverso tipo (estr茅s, depresi贸n, salud de los hijos o hijas, maternidad, etc.) y que tender铆an a ausentarse en mayor medida que los hombres, por razones tanto justificadas como no justificadas.

2.8. En las relaciones de pareja, se suele indicar que siempre el hombre es la persona victimaria. Si bien la perspectiva de g茅nero permite comprender la desigualdad estructural que perjudica especialmente a las mujeres y personas LGBTI, esto puede generar que se piense en algunos casos en roles pre-establecidos en parejas heterosexuales de hombre-agresor y mujer-v铆ctima, negando a priori la existencia de violencia cruzada, o de hombres que puedan ser v铆ctimas en parejas heterosexuales, invisibilizando manifestaciones de violencia entre parejas homosexuales.

2.9. Existen dos formas polarizadas de ejercer la maternidad: 鈥渓as buenas madres鈥 abnegadas y las 鈥渕alas madres鈥 que no cumplen el rol de cuidado como se les mandata socialmente. Existe la idea de que existen diversos tipos de formas de ejercer la maternidad y de que, algunas de tales formas no cumplir铆an 贸ptimamente聽el rol de cuidado como se les mandata socialmente a las mujeres.

2.10. La homoparentalidad es riesgosa para el adecuado desarrollo de ni帽os y ni帽as. Se considera que las madres y los padres homosexuales tendr铆an menores habilidades parentales en comparaci贸n a madres y padres heterosexuales.

2.11. Se espera que las mujeres participen en el 谩mbito privado, tal como, relaciones de familia y de cuidado, y que los hombres se ocupen de lo p煤blico y de los asuntos econ贸micos. Existe la creencia de que el rol de cuidado del hogar y de los hijos e hijas le corresponde, en mayor medida, a las mujeres, mientras que el hombre es quien debe abocarse a las labores econ贸micas y p煤blicas. De esta manera, el padre se destaca y reconoce cuando realiza labores de cuidado de hijos e hijas, mientras que, en el caso de las mujeres, esto es considerado como una actividad natural.

2.12. Se espera que las mujeres cuiden mucho su apariencia. Existe una fuerte presi贸n hacia las mujeres, ya que se espera que ellas se ocupen de su apariencia (cuidados est茅ticos y vestimenta) en mayor medida que los hombres, lo que revela la presencia de una fuerte carga cultural que afecta en menor medida a estos 煤ltimos.

2.13. Se espera que los puestos de autoridad se ejerzan con un liderazgo masculinizado. Los puestos de autoridad y direcci贸n deben ejercerse de acuerdo con un liderazgo con caracter铆sticas masculinas, es decir, con un estilo vertical, directo, fuerte y muchas veces distante, que son propiedades que tradicionalmente se han asociado a los hombres. Por ello, se considera que cuando los puestos son ejercidos por mujeres, ellas deben adaptarse a esos est谩ndares y cualidades.

2.14. Se espera que las personas se comporten a partir de una visi贸n binaria del sexo y g茅nero, con un enfoque heteronormativo y cisnormativo de sus relaciones. Estar铆a presente la creencia de que s贸lo existen dos sexos (hombre y mujer) y que lo natural y correcto es que, a cada uno de estos sexos, le corresponda congruentemente un comportamiento determinado sobre sexualidad y afectividad. Esto es, una identidad de g茅nero determinada (una mujer debe tener una identidad de g茅nero femenina, y un hombre, una identidad masculina) y una orientaci贸n sexual determinada (orientaci贸n sexual de hombres debe dirigirse a mujeres y viceversa). El incumplimiento de esta expectativa puede ser sancionada socialmente a trav茅s del humor o discriminaciones.

2.15. Se espera que las mujeres se comporten en forma recatada y tomen medidas para prevenir/enfrentar el acoso sexual. Se considera que las mujeres deben cuidarse y ser responsables de su comportamiento, esperando que este sea recatado y prudente en todos los espacios, tanto laborales como privados, para as铆 evitar posibles situaciones de acoso sexual.

2.16. Existencia de expresiones verbales sexistas. Se reporta la existencia de un lenguaje sexista dirigido hacia las mujeres, lo que constituye una forma de violencia simb贸lica. Esto se expresar铆a en piropos, comentarios sobre la apariencia f铆sica y bromas recurrentes, entre otras expresiones dirigidas hacia las mujeres.

2.17. Conductas de acoso sexual y hostigamiento. Aunque se reconoce que en algunos casos excepcionales el acoso y hostigamiento laboral con contenido sexual puede ser dirigido desde una mujer a un hombre, en la gran mayor铆a de los casos las mujeres son las v铆ctimas y los hombres victimarios.

2.18. Percepci贸n de masculinizaci贸n y feminizaci贸n de las 谩reas de justicia. La construcci贸n sexista que define las tareas o roles m谩s apropiados para hombres o mujeres se reproduce en una percepci贸n sobre las 谩reas del derecho. As铆, los tribunales de familia son vistos como 谩mbitos m谩s propios para el trabajo de mujeres y como un 谩rea preferente para ellas y, por otro lado, las materias civiles y penales son vistas como un 谩rea preferentemente para hombres.

2.19. Las mujeres enfrentan mayores dificultades para desarrollarse profesionalmente al interior de la instituci贸n. Aunque el m茅rito individual cumple una funci贸n importante para desarrollar una carrera en el Poder Judicial, las oportunidades para hombres y mujeres no ser铆an las mismas. Las mujeres deben hacer esfuerzos adicionales, condicionados por una cultura sexista; trabajar y prepararse m谩s para ser promovidas en condiciones menos favorables que los hombres, ya que deben cumplir dobles roles que se esperan de ellas y lidiar con estereotipos (en el trabajo y hogar) fruto de las expectativas que sobre ellas existen, lo que dificulta su trayectoria laboral debido al tiempo que implica el desarrollo de ambas tareas. De esta forma, por ejemplo, tendr铆an menos tiempo para estudiar, prepararse o dedicar tiempo al trabajo en comparaci贸n a los hombres, afectando sus carreras, desempe帽o y posibilidades de promoci贸n.

2.20. Limitaciones a la promoci贸n en condiciones igualitarias para jueces y juezas. Se constata la percepci贸n que jueces y juezas cuya trayectoria se inicia en un tribunal de familia tendr铆an menos posibilidades de ser promovidos a ministros o ministras, en comparaci贸n con quienes desarrollan su trayectoria en otros 谩mbitos (por ejemplo, penal o civil). En los casos en que una mujer es nombrada en un concurso, se genera adem谩s la percepci贸n que no se nombrar谩 a otra mujer en un concurso inmediato. En este 煤ltimo caso, esta circunstancia produce que a veces las mujeres se autoexcluyan de participar en procesos de movilidad y ascenso.

2.21. Las mujeres autolimitan la proyecci贸n de sus carreras hacia otras zonas geogr谩ficas. A veces las promociones o ascensos pueden suponer traslados de zona. Culturalmente, se espera que el hombre sea quien se traslade y que la mujer lo siga, y no a la inversa, ya que el trabajo y su importancia est谩 tradicionalmente m谩s vinculado al hombre, bajo la idea de su rol de proveedor. Por este motivo, en muchas oportunidades, las mujeres pueden abstenerse de postular a cargos de mayor jerarqu铆a, viendo limitadas sus carreras.

2.22. Mayor discriminaci贸n a mujeres en etapa reproductiva. Al estar en etapa reproductiva, potencialmente se entiende que se ausentar谩n durante tiempos largos de sus labores. Tal preocupaci贸n produce que, a veces, en las entrevistas laborales se pregunte por el estado civil de la mujer entrevistada, o si tiene o planea o no tener hijos o hijas en el corto plazo, lo que podr铆a generar adem谩s discriminaci贸n indirecta hacia ellas.

2.23. Las principales dificultades que enfrentan las mujeres se encuentran en los procesos de promoci贸n en su trayectoria laboral. En t茅rminos comparados, las dificultades que enfrentan las mujeres son menores en el ingreso al PJUD que durante su trayectoria laboral. Aunque se reconoce que en algunos casos pueden existir discriminaciones en las contrataciones, los obst谩culos ser铆an ocasionales, y se presentar铆an, m谩s bien, en las trayectorias de las carreras y proyecciones profesionales (ascensos, promociones, traslados) dentro del Poder Judicial.

2.24. Existencia de mayores dificultades en la trayectoria laboral para personas LGBTI. La representaci贸n simb贸lica de los altos cargos al interior del PJUD no considera personas LGBTI. Es por esto que la promoci贸n en algunos puestos puede ser vista como poco imaginable si es que una persona revelase su identidad de g茅nero u orientaci贸n sexual. A su vez, esta consecuencia se presenta de forma m谩s marcada respecto de mujeres lesbianas.

2.25. Existencia de temor de personas LGBTI al reconocimiento p煤blico de su identidad sexual. Tales personas podr铆an experimentar ciertos grados de temor dentro de sus espacios de trabajo, puesto que les preocupa que su identidad pueda conocerse en contextos en los que las formas de vida distintas a la heteronormatividad o cisnormatividad no son vistas como las correctas. Esto puede afectar significativamente su desenvolvimiento y la experiencia que d铆a a d铆a viven en sus lugares de trabajo, a partir, por ejemplo, de quedar expuestas a escuchar bromas o comentarios sobre sus identidades, que pueden resultarles ofensivos e inclusive violentos.

2.26. Habr铆a un trato fr铆o y burocr谩tico hacia las mujeres usuarias. El sistema ser铆a bastante fr铆o, burocr谩tico e incluso tedioso con mujeres v铆ctimas de violencia intrafamiliar, amenazas o violaci贸n, as铆 como tambi茅n en causas de familia, por ejemplo, por pensiones de alimentos u otras. Existe la percepci贸n de que se minimiza la situaci贸n y los efectos de la violencia. Las mujeres tendr铆an poco espacio para explicar su situaci贸n, hay prejuicios y desconfianza hacia sus testimonios y las experiencias de revictimizaci贸n son frecuentes, ya que en reiteradas ocasiones e instancias deben exponer sus casos. En general, se enfrentar铆an a una burocracia dentro de todo el sistema de justicia en que participan (desde el contacto con la polic铆a o el Servicio M茅dico Legal, por ejemplo, hasta las posibles diligencias finales de un juicio) que las hace sentir que el sistema es poco emp谩tico con situaciones que son graves y en las cuales su vida, integridad f铆sica y sexual, as铆 como las de sus hijos o hijas pueden estar amenazadas. Este problema se acent煤a con las recientes modalidades de atenci贸n de p煤blico, en las que se cuenta con un tiempo reducido o acotado para dedicar a la atenci贸n de mujeres usuarias, como mediante el uso de plataformas digitales que limitan el acceso, sin que se distinga el nivel de gravedad de cada caso.

2.27. Existencia de un trato distinto a personas LGBTI. Las personas LGBTI reciben un trato desigual en el PJUD, basado en la orientaci贸n sexual y/o identidad de g茅nero. Las manifestaciones van desde comentarios verbales, barreras en el acceso a la justicia hasta agresiones y descalificaciones expl铆citas.

Se percibe hacia ellas un trato distinto y discriminatorio por parte de personas integrantes del Poder Judicial, as铆 como de parte de personas de otras entidades pertenecientes al sistema de justicia, tales como, Carabineros o Servicio M茅dico Legal. Muchas veces sus denuncias de car谩cter penal son abordadas s贸lo como delitos comunes bajo el estigma de la marginalidad en la que se encuentran, o no se aplican todas las posibles normas vinculadas al caso. Por otro lado, se constatan casos en que no se reconoce o trata adecuadamente a las personas trans.

2.28. Existen chistes y bromas sobre personas LGBTI. Se realizan caricaturizaciones sobre estas personas, sobre todo entre hombres. Se reconoce que estas expresiones no se realizan personal y directamente a personas LGBTI, sino que generalmente suceden cuando 茅stas ya no se encuentran presentes. Quienes bromean no necesariamente son personas homof贸bicas o transf贸bicas, sino que se piensa que son formas de diversi贸n culturalmente v谩lidas, pero que ser铆an ofensivas. El principal problema de esta lectura es que no se repara en que el chiste o el humor cumple la funci贸n de diferenciar entre lo socialmente definido como normal (correcto) y anormal (incorrecto), constituy茅ndose estos chistes en formas de violencia simb贸lica.

2.29. En algunas materias, los hombres tienen una predisposici贸n a ser discriminados. Existe cierto sesgo en los juicios relacionados con el 谩mbito de familia y civiles. Aqu铆, los estereotipos y expectativas de rol en materia de g茅nero afectar铆an a los hombres. Ellos estar铆an en desventaja en casos de pensi贸n de alimentos, divorcios, custodia de hijos e hijas, y otros 谩mbitos similares.

2.30. Existe una p茅rdida de confianza en la justicia por parte de mujeres y personas LGBTI. El trato recibido o que creen que recibir谩n tales personas, disminuye la confianza en la instituci贸n judicial. Sienten que no ser谩n protegidas ante las amenazas, que personas funcionarias integrantes no tienen conciencia de los riesgos que enfrentan (violencia en parejas, juicios por pensi贸n o cuidado de los hijos e hijas, discriminaci贸n, homofobia, etc.) y se predisponen a ser discriminadas. La principal consecuencia es que muchas mujeres y personas LGBTI deciden no denunciar, no persistir o no colaborar con sus denuncias por temor a enfrentarse a esta realidad.

2.31. Consecuencias en el acceso a la justicia en su dimensi贸n de resultados, esto es, en relaci贸n a la tutela judicial efectiva de derechos. Si las representaciones sobre el g茅nero y la diversidad sexual no se reconocen, pueden conducir a consecuencias desfavorables en los resultados esperados en causas judicializadas. Una sentencia judicial puede reproducir estereotipos y expectativas de rol (sobre la buena mujer y madre, etc.) que inciden en la valoraci贸n de la prueba, la argumentaci贸n y la resoluci贸n, sea en temas civiles, penales y laborales. Ejemplos concretos ser铆an que operan justicia pueden no reparar en que la mujer v铆ctima de violencia no denuncia porque siente mucho temor, que retira la acusaci贸n porque es dependiente econ贸micamente del marido o que, en una demanda, por el hecho de no haber trabajado durante a帽os (por ejemplo, dedicada a labores dom茅sticas o de cuidado de hijos o hijas), no cuenta con los mismos recursos que el hombre (no puede pagar un abogado o abogada, peritajes, etc.), lo cual puede afectar el resultado.

2.32. Las consecuencias de los roles y expectativas de g茅nero entre hombres y mujeres, derivadas de estereotipos, producen efectos que se agravan en tribunales laborales y de familia. En general, en los tribunales de familia y del trabajo, los efectos de estos estereotipos ser铆an un poco m谩s marcados o manifiestos como obst谩culos en el sistema de justicia. Cuando una persona usuaria no se comporta de acuerdo con lo que socialmente se espera de ella, por ejemplo, de acuerdo a su status y rol de mujer como buena madre, tendr谩 mayores obst谩culos y dificultades en la atenci贸n de justicia. Estas dificultades influyen en el trato recibido y pueden implicar alguna sanci贸n que afecte su acceso a la justicia. Esto se puede evidenciar en comentarios verbales descalificadores a las mujeres que no cumplen el perfil de 鈥渂uenas madres鈥 o el cuestionamiento a las mujeres lesbianas que son madres.

3) FORMACI脫N, ESPECIALIZACI脫N Y DIFUSI脫N.

Muchas personas al interior del Poder Judicial se sienten motivadas a aprender sobre temas de g茅nero y diversidad sexual, puesto que existir铆a un bajo conocimiento en torno a estos t贸picos. No se comprenden los contenidos te贸ricos y la terminolog铆a b谩sica, y las normas existentes en estas materias, entre otros aspectos. Por ello, se plantea la necesidad de que personas funcionarias de diferentes escalafones tengan opciones para formarse en estos temas.
La formaci贸n debiese comprender contenidos jur铆dicos, dirigidos al conocimiento y aplicaci贸n de las normas en estas tem谩ticas, incluyendo derecho internacional de los derechos humanos, y en el caso de quienes ejercen jurisdicci贸n, contar con herramientas de hermen茅utica o interpretaci贸n, y con una perspectiva interdisciplinaria que incluye aportes de la sociolog铆a, la antropolog铆a, la psicolog铆a y el trabajo social, para comprender las bases sociales y culturales del g茅nero y la diversidad, as铆 como el rol del Estado y la incorporaci贸n de la perspectiva de g茅nero en las pol铆ticas p煤blicas y los aspectos 聽subjetivos y emocionales que afectan a las personas 聽v铆ctimas de violencia de g茅nero, homofobia, transfobia, etc.

Uno de los problemas asociados a la formaci贸n es que, al existir s贸lo una oferta de car谩cter voluntario 鈥搊frecida por la Academia Judicial- los cursos son realizados por personas que ya poseen cierta sensibilidad con la tem谩tica y no por quienes la desconocen y deber铆an conocerla, o por quienes presentar ciertas resistencias a estas tem谩ticas.

Si bien ha mejorado la percepci贸n ciudadana sobre tales procesos al interior de la instituci贸n, a煤n falta trabajo para disminuir prejuicios y valoraciones negativas de la instituci贸n debido a pr谩cticas que se producen y que muestran una escasa sensibilizaci贸n como consecuencia de la formaci贸n y especializaci贸n.

4) PODER JUDICIAL, SOCIEDAD Y CAMBIO INSTITUCIONAL.

La cultura sexista, las representaciones (expectativas de rol, estereotipos, etc.) sobre el g茅nero y la diversidad sexual o las pr谩cticas de discriminaci贸n, no ser铆an exclusivas de esta instituci贸n, sino que estar铆an presentes y extendidas en la cultura chilena. Al igual que otras instituciones, el Poder Judicial chileno 鈥搚 su cultura- s贸lo reproducir铆a aquello que, de forma m谩s generalizada, ocurre en la sociedad.

As铆, se replica la visi贸n de la sociedad y los roles de g茅nero en el 谩mbito laboral. Quienes creen que los roles sociales de hombres y mujeres son iguales y que no est谩n determinados naturalmente, por ejemplo, piensan que tanto padre y madre deben ir a los controles de embarazo, o que ambos progenitores deben ocuparse del cuidado de los hijos e hijas y de las tareas dom茅sticas, tendr铆an representaciones menos sexistas en el 谩mbito laboral. Es decir, considerar铆an que hombres y mujeres tienen similares capacidades para asumir funciones diversas en sus trabajos y que cada persona puede desempe帽arse igualmente bien. Adem谩s, las personas que han sido v铆ctimas o han presenciado discriminaci贸n, considerar铆an que existe machismo al interior del Poder Judicial. Esto evidencia que la presencia o conocimiento de casos reales influye positivamente en la percepci贸n sobre los temas de g茅nero en el PJUD, ya que a trav茅s de estas situaciones ver铆an confirmados elementos del enfoque de g茅nero en sus experiencias cotidianas.

Existe un amplio consenso de reconocimiento y valoraci贸n de los cambios impulsados por la organizaci贸n, asociados a las profundas transformaciones a la justicia, la generaci贸n de pol铆ticas, protocolos y normas sobre clima laboral, trato a las personas usuarias, g茅nero y diversidad sexual, entre otras materias. Al mismo tiempo, se reconoce que dichos cambios se encuentran en proceso y son de largo plazo para lograr una modificaci贸n organizacional generalizada.
Se tiene muy presente que existen muchos espacios de mejora en torno a temas de g茅nero y diversidad sexual, existiendo una amplia y buena valoraci贸n de los procesos de cambio positivos del Poder Judicial en estas tem谩ticas. Se reconoce que hay mayor aceptaci贸n hacia personas LGBTI, que la visi贸n sexista decrece y que la cultura de hoy en la instituci贸n no es comparable con la existente hace algunas d茅cadas. Esto se expresar铆a en transformaciones a la justicia, la creaci贸n de protocolos y normas sobre clima laboral, trato a las personas usuarias, g茅nero y diversidad sexual, entre otras. De esta forma, aunque se sabe que estos procesos son a largo plazo si se buscan modificaciones estructurales, se reconoce y destaca una voluntad de cambio que se mira como positiva en los avances concretos, como la creaci贸n de la Secretar铆a T茅cnica de Igualdad de G茅nero y No discriminaci贸n de la Corte Suprema.
Las personas con mayores niveles educacionales ser铆an las que tienen representaciones de g茅nero (estereotipos y expectativas de rol) menos tradicionales y las que reconocer铆an en mayor medida las pr谩cticas sexistas al interior del Poder Judicial. El mayor nivel educativo podr铆a revelar un mejor conocimiento sobre estos temas; tambi茅n la educaci贸n podr铆a dar cuenta de una mayor capacidad de juicio para reconocer situaciones de discriminaci贸n.
Se plantea que estas transformaciones o avances en la tem谩tica de g茅nero y diversidad sexual se han logrado concretar gracias al liderazgo de determinadas personas que se desempe帽an en altos cargos y que se encuentran comprometidas con estas tem谩ticas. Sin embargo, estos procesos de cambios pueden ser fr谩giles y detenerse si s贸lo se sustentan en un liderazgo circunstancial, por lo que para favorecer la sostenibilidad de los cambios se requiere el compromiso de diversos actores al interior al PJUD.

Que son y c贸mo se estructuran las recomendaciones

驴QU脡 SON Y C脫MO SE ESTRUCTURAN LAS RECOMENDACIONES?

驴QU脡 SON Y C脫MO SE ESTRUCTURAN ESTAS RECOMENDACIONES?

Las recomendaciones de este apartado son un conjunto de orientaciones sugeridas que favorecen un acceso a la justicia con enfoque de g茅nero y diversidad sexual, con 茅nfasis en la atenci贸n a personas usuarias y el trato entre personas integrantes del Poder Judicial de Chile. Tales orientaciones consisten en pr谩cticas a fortalecer o implementar, constituidas por actuaciones, acciones e iniciativas. Para su elaboraci贸n se han tenido en vista los antecedentes se帽alados en la primera parte. Adem谩s, se han construido sobre la base de mecanismos de gesti贸n de derechos y con un proceso de validaci贸n a trav茅s de talleres participativos, procurando que dialoguen con la Pol铆tica de Igualdad de G茅nero y no discriminaci贸n del Poder Judicial. Tambi茅n, se han tenido en vista en su elaboraci贸n y propuesta los antecedentes te贸ricos, conceptuales y normativos y el Diagn贸stico integrado sobre g茅nero, diversidades sexuales y el PJUD en Chile, referenciados en la primera parte del Protocolo. Adem谩s, se tuvieron en cuenta los resultados de la implementaci贸n de las recomendaciones de actuaci贸n en 17 Tribunales de diferentes materias a lo largo del pa铆s, a trav茅s de una experiencia participativa y contextualizada a sus distintas realidades.

Las Recomendaciones de actuaci贸n para tribunales que integran el Poder Judicial de Chile est谩n divididas en dos categor铆as, diferenciadas de acuerdo a los niveles de quienes son destinatarios de la Pol铆tica de Igualdad de G茅nero y No Discriminaci贸n del Poder Judicial y en funci贸n de la aspiraci贸n a su implementaci贸n por cada persona integrante del Poder Judicial seg煤n la funci贸n que pueda desempe帽ar:

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RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR ATENCI脫N DE JUSTICIA A PERSONAS USUARIAS DEL TRIBUNAL.

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RECOMENDACIONES PARA EL MEJOR TRATO ENTRE INTEGRANTES DEL TRIBUNAL.

En cada una de estas categor铆as se han determinado ciertas dimensiones o 谩reas a las cuales se dirigen en sus objetivos estas recomendaciones.

En cada dimensi贸n o 谩rea se indica quienes ser铆an aquellas personas integrantes de cada tribunal que est谩n llamadas a hacerse cargo de implementarlas, a partir de la funci贸n que desarrollan o pueden desarrollar en relaci贸n al sistema de justicia nacional en su respectiva unidad, con independencia del escalaf贸n al que pertenecen. As铆, el Protocolo contempla recomendaciones para:

  • Personas que desarrollan funciones de atenci贸n directa de personas usuarias. Es el caso de quienes en alguna oportunidad deben interactuar con tales personas al recibirlas en el tribunal, al responder consultas (guardias, personas empleadas u oficiales de tribunal o Corte), as铆 como qui茅nes interviniendo de manera preferente en la labor de juzgar, pueden tambi茅n tener trato directo con personas usuarias (consejeros y consejeras t茅cnicas, juezas y jueces en determinado tipo de audiencias).

  • Personas que desarrollan funciones administrativas y de gesti贸n de recursos (econ贸micos, humanos, otros) en el tribunal. En este grupo se incluyen quienes realizan estas labores al interior de las unidades, tales como, personas administradoras o subadministradoras de tribunal, jefaturas de unidad, ministros o ministras de la Excelent铆sima Corte Suprema o de Ilustr铆simas Cortes de Apelaciones.

  • Personas que desarrollan funciones relacionadas con el juzgamiento. Tal es el caso de ministros, ministras, fiscales judiciales, jueces, juezas, consejeros y consejeras t茅cnicas.

ESTRUCTURA DE CADA RECOMENDACI脫N
T铆tulo Nombre de la recomendaci贸n.
Acci贸n Conducta rectora de la recomendaci贸n que se ofrece como una orientaci贸n de actuaci贸n.
Justificaci贸n Explicaci贸n del contenido, el prop贸sito y la vinculaci贸n de la recomendaci贸n, en el marco del Protocolo y la Pol铆tica de Igualdad de G茅nero y No Discriminaci贸n del PJUD e instrumentos relacionados a ella.
Ejemplos Acciones descritas con el fin de ilustrar algunas estrategias sobre c贸mo se puede implementar la recomendaci贸n.

Al final de las Recomendaciones se incluye un apartado, denominado 鈥淩ecursos鈥, que incluye herramientas disponibles para apoyar el cumplimiento de las recomendaciones. Se trata de recursos propios del PJUD y de instituciones relacionadas, para ser tenidos en cuenta como apoyo en el cumplimiento de las recomendaciones. No incluye recursos de organizaciones internacionales (UNESCO u otras, por ejemplo) o de otros servicios nacionales (Ministerio de la Mujer y la Equidad de G茅nero, SENAMA u otros, por ejemplo).

ESQUEMA DE RECOMENDACIONES

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1. RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA ATENCION DE JUSTICIA A PERSONAS USUARIAS DEL TRIBUNAL.

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COMUNICACI脫N EFECTIVA Y LENGUAJE CLARO.

Mantener una comunicaci贸n efectiva utilizando un lenguaje claro para que los conceptos jur铆dicos sean f谩cilmente comprendidos por quienes acceden a la justicia, especialmente cuando adem谩s del g茅nero y la diversidad sexual concurren otras categor铆as de vulnerabilidad.

Esto es relevante si se considera que la mayor铆a de quienes est谩n en condiciones de vulnerabilidad por g茅nero o sus identidades sexuales y recurren a tribunales por consultas generales o en busca de tutela judicial efectiva o en otra calidad, no cuentan con conocimientos jur铆dicos. Por ello, el lenguaje en que comunica su informaci贸n el Poder Judicial a toda persona debe ser sencillo y simple en la comunicaci贸n verbal y escrita. Ello, adem谩s, puede favorecer evitar posibles procesos de revictimizaci贸n en casos de violencia a mujeres o personas LGBTI.

> Ejemplos

  • Identificar la situaci贸n de vulnerabilidad en que se encuentra una persona de acuerdo a sus particulares circunstancias. Por ejemplo, tener presente si es ni帽a o adulta mayor al momento de determinar el lenguaje jur铆dico a usar. Esto es especialmente relevante en el caso de ni帽as y adolescentes quienes pueden no reconocer expresiones de lenguaje que usualmente son referidas por las personas adultas o para personas con discapacidades f铆sicas auditivas o de otro tipo.
  • Recurrir a palabras de uso cotidiano para explicar conceptos t茅cnicos jur铆dicos. El uso de ejemplos o analog铆as puede ser una acci贸n que favorezca una explicaci贸n clara. A modo de ejemplo, la expresi贸n 鈥渁uto鈥 para referir a una 鈥渞esoluci贸n鈥 se puede explicar indicando que se trata de una decisi贸n que toma quien juzga frente a una determinada cuesti贸n solicitada en el proceso por una de las partes.
  • En el caso de atenci贸n presencial recurrir a palabras de uso cotidiano para explicar conceptos t茅cnicos jur铆dicos. El uso de ejemplos o analog铆as puede ser una acci贸n que favorezca una explicaci贸n clara. A modo de ejemplo, la expresi贸n 鈥渁uto鈥 para referir a una 鈥渞esoluci贸n鈥 se puede explicar indicando que se trata de una decisi贸n que toma quien juzga frente a una determinada cuesti贸n solicitada en el proceso por una de las partes.
  • Evaluar crear una l铆nea telef贸nica o un chat en plataforma que est茅 disponible las 24 horas de cada d铆a, con el prop贸sito de entregar los horarios de atenci贸n, formas de funcionamiento del tribunal y canales para hacer denuncias.
  • Facilitar el entendimiento de medios digitales, en los casos en que su uso se haga aplicable, usando un lenguaje simple para explicar el acceso de los diversos canales de consultas.
  • Favorecer medidas para la atenci贸n presencial en aquellos casos en que se requiera, y que por situaciones especiales se est茅 usando atenci贸n remota, con 茅nfasis en personas en situaci贸n de vulnerabilidad.

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1. RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA ATENCION DE JUSTICIA A PERSONAS USUARIAS DEL TRIBUNAL.

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TIEMPO DE ATENCI脫N.

Destinar un tiempo suficiente y adecuado para la atenci贸n a mujeres y personas LGBTI que recurren a un tribunal de justicia.

Se debe procurar un tiempo suficiente y adecuado, considerando las condiciones de funcionamiento del tribunal y las circunstancias particulares de cada caso, para que mujeres y personas LGBTI puedan exponer su situaci贸n y formular las preguntas que tengan. Esto es especialmente relevante en casos de alta complejidad, como los de violencia de g茅nero (sexual, dom茅stica u otra) o discriminaci贸n por orientaci贸n sexual o identidad de g茅nero, y cuando las personas tienen situaciones adicionales de vulnerabilidad, como la discapacidad o la condici贸n de migrante, por ejemplo.

> Ejemplos

  • Procurar que la persona sea atendida en condiciones de tranquilidad y privacidad, poniendo 茅nfasis en sus circunstancias y evitando interrumpir su relato.
  • Organizar los tiempos de atenci贸n presencial o remoto, de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del tribunal, para minimizar los tiempos de espera de las personas que concurren por casos con componente de g茅nero y diversidad sexual, procurando en todo caso no afectar la atenci贸n de otras personas usuarias y dando el tiempo necesario para presentar el caso con preguntas, conforme las condiciones que la situaci贸n y la persona requiera.
  • Asegurar que el tiempo de atenci贸n remota, cuando as铆 proceda, sea igualmente adecuado a la atenci贸n presencial, teniendo en cuenta los posibles problemas de conectividad de las personas.

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1. RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA ATENCION DE JUSTICIA A PERSONAS USUARIAS DEL TRIBUNAL.

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ATENCI脫N CON ENFOQUE INTERSECCIONAL.

Facilitar y reforzar la atenci贸n del sistema de justicia para mujeres y personas LGBTI que est谩n en situaci贸n de mayor vulnerabilidad por diversas circunstancias, esto es, hacerse cargo de forma efectiva de la interseccionalidad, especialmente en casos graves de violencia de g茅nero.

Se deben implementar acciones que eviten profundizar la desigualdad estructural que afecta a mujeres o personas LGBTI que est谩n, adem谩s, en situaci贸n de discapacidad, que se expresan en una lengua diferente, que son migrantes, asiladas o refugiadas, que pertenecen a una etnia o pueblo ind铆gena, son menores de 18 a帽os o personas adultas mayores, que est谩n en condiciones de pobreza, o tienen un bajo nivel educativo, por ejemplo. En estos casos, se agravan todos los obst谩culos que enfrentan las mujeres y personas LGBTI en la atenci贸n en el sistema de justicia. Esto es especialmente relevante cuando mujeres y personas LGBTI concurren a tribunales de justicia en casos de alta complejidad, tal como es la violencia (violencia sexual, dom茅stica u otras materias).

> Ejemplos

  • Planificar la atenci贸n considerando elementos para atender la situaci贸n de interseccionalidad, tales como, acceder a int茅rpretes cuando sea necesario, a recursos f铆sicos para facilitar la movilidad o usando materiales en otros idiomas o con pertinencia para ni帽ez y adolescencia.
  • Consultar siempre a cada persona c贸mo desea ser identificada y tratada, sin usar expresiones estereotipadas en torno a la identidad como 芦mija禄, 芦mijita禄, 芦mi ni帽a禄, 芦mamita禄, 芦abuelita禄, 芦chinita禄, 芦negrita禄, 鈥渃holita鈥, 芦menores禄.
  • Utilizar en la atenci贸n materiales impresos o digitales, accesibles y con pertinencia territorial y cultural de la jurisdicci贸n del tribunal, considerando el distinto perfil de las personas usuarias, atendiendo a situaciones de discapacidad visual o auditiva, a la edad, al idioma o lenguaje, pertenencia 茅tnica y otras condicionantes.
  • Dirigirse siempre directamente a las personas usuarias y no a quienes la acompa帽an, a menos que la misma persona solicite otra cosa.
  • Intervenir si en una situaci贸n concreta de atenci贸n, sea presencial o remota, otra persona discrimina, insulta o realiza alg煤n comentario sobre determinadas condiciones de la persona a quien se atiende, para resguardar los derechos de la persona discriminada, insultada o agredida.

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1. RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA ATENCION DE JUSTICIA A PERSONAS USUARIAS DEL TRIBUNAL.

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ORIENTACI脫N SOBRE REDES INTERSECTORIALES.

Entregar informaci贸n de otras entidades, p煤blicas o privadas, que tambi茅n puedan orientar a mujeres y personas LGBTI que concurren a tribunales.

Alguna de las consultas de personas que concurren a tribunales de justicia, cualquiera sea la naturaleza del asunto, no corresponden estrictamente a asuntos de competencia y resoluci贸n del Poder Judicial. Por ello, la informaci贸n sobre otras reparticiones p煤blicas o privadas u organismos de la sociedad civil que puedan entregar asesor铆a complementaria en materias de g茅nero y diversidad sexual debe estar disponible para dar una atenci贸n concreta, considerando especialmente informaci贸n sobre opciones de orientaci贸n o asistencia jur铆dica gratuita especializada en g茅nero, cuando se requiera.

> Ejemplos

  • Identificar las redes institucionales en las que participa el PJUD o su propio tribunal, las funciones que cada una desarrolla, e identificar a la persona que cumple el rol de representante con el prop贸sito de mantener permanente coordinaci贸n.
  • Identificar las redes institucionales existentes en su contexto regional, comunal y local que otorgan servicios y recursos de apoyo, tales como programas o servicios especializados que dependen de Ministerios o Municipalidades o cl铆nicas jur铆dicas universitarias, manteniendo un registro actualizado con la informaci贸n respectiva.
  • Identificar las organizaciones de la sociedad civil, redes sociales y comunitarias existentes en su contexto regional, comunal y local que otorgan servicios y recursos de apoyo, manteniendo un registro actualizado con la informaci贸n respectiva.
  • Difundir la oferta de redes intersectoriales por diversos medios, tales como, cartillas, ficheros o diarios murales, video o material audiovisual, de f谩cil acceso al p煤blico general.

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1. RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA ATENCION DE JUSTICIA A PERSONAS USUARIAS DEL TRIBUNAL.

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RESPETO A IDENTIDADES TRANS DE PERSONAS USUARIAS.

Respetar la identidad, la expresi贸n de g茅nero y el nombre social de las personas usuarias y de quienes les acompa帽an a tribunales.

Se deben reconocer las diferencias y favorecer el respeto de toda manifestaci贸n externa de la identidad g茅nero de una persona y c贸mo ella se identifica y autopercibe a s铆 misma. Ello se logra respetando la expresi贸n de g茅nero manifestada en los diversos modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacci贸n social, entre otros aspectos, sin emitir pronunciamientos o juicios de valor que indiquen, expl铆cita o impl铆citamente, que una determinada expresi贸n no es aceptada como correcta, as铆 como respetando el nombre social de todas las personas usuarias y de quienes les acompa帽an a tribunales. Es necesario reconocer el nombre con que las personas se autoidentifican en caso de existir diferencias entre el sexo registrado en sus documentos de identidad y la vivencia interna y personal de g茅nero.

> Ejemplos

  • Consultar siempre de manera directa a cada persona c贸mo desea ser identificada, sea en la comunicaci贸n presencial o remota, con el fin de manifestar el reconocimiento de su identidad, a trav茅s de preguntas tales como 驴Cu谩l es su nombre? O 驴C贸mo le gustar铆a que le llamen en el tribunal? En el caso de la atenci贸n remota, favorecer que cada persona trans pueda identificarse a s铆 misma con su nombre social.
  • Procurar, en el caso de personas que se identifiquen a s铆 mismas de una forma distinta a la identidad registrada en sus documentos, no llamarle a viva voz con su nombre legal si la persona no lo ha consentido, ni indicar frente a otras personas, en ninguna circunstancia, el motivo por el cual consulta en el tribunal.
  • Evitar cualquier comentario, gesto, broma o chiste, imagen o meme, en p煤blico o en privado, relacionado con la identidad, la expresi贸n de g茅nero o el nombre social de las personas o que suponga categorizarlas o etiquetarlas por la forma en que se visten o hablan, o asumir su identidad por el aspecto f铆sico, o que pueda producir discriminaci贸n o victimizaci贸n secundaria.
  • Intervenir en una situaci贸n concreta en que una persona discrimine, insulte, agreda verbalmente o realice alg煤n comentario ofensivo sobre la identidad, expresi贸n de g茅nero o nombre social de otra persona en el tribunal, para resguardar los derechos de la persona insultada o agredida.
  • Consignar en actas el nombre social que expresen ni帽os, ni帽as y adolescentes, para referirse a ellos de esa forma en todo momento.