¿CUÁL ES EL PROPOSITO DEL PROTOCOLO?
Objetivo y fin.
El Protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual es un instrumento que tiene como propósito principal entregar recomendaciones que favorezcan la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones del Poder Judicial chileno (PJUD), a fin de favorecer el respeto y cumplimiento del acceso a la justicia para todas las personas, con énfasis en la atención a personas usuarias y el trato entre personas integrantes de la institución.
El Protocolo ha sido elaborado de forma contextualizada a las necesidades y características del Poder Judicial chileno, de acuerdo a una investigación desarrollada por un equipo académico interdisciplinario de la Universidad de Concepción.
Es un instrumento que procura el uso de un lenguaje accesible pero riguroso y busca dialogar con otros documentos elaborados por el Poder Judicial chileno, en el marco de la implementación de la Política de Igualdad de Género y No discriminación adoptada en febrero de 2018.
El Protocolo ha sido diseñado para ser utilizado por todas las personas integrantes del Poder Judicial y aspira a que sea conocido también por personas usuarias del sistema de justicia chileno.
¿CÓMO SURGE EL PROTOCOLO?
Contexto de su elaboración.
Este Protocolo es el resultado de producción científica del Proyecto de Investigación FONDEF (Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico) ID17I10111, financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), y adjudicado a la Universidad de Concepción para el período 2018-2020, teniendo como entidad interesada y patrocinadora a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile.
El Proyecto de investigación nace como una iniciativa académica, a partir de la identificación del problema de la inequidad en el acceso a la justicia de grupos históricamente excluidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Además, considera la oportunidad que brinda el compromiso formal del Poder Judicial con la incorporación de la perspectiva de género a través de la realización de un estudio diagnóstico interno, la creación de una Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación (STCS) y la adopción de una política institucional en la materia, entre otras iniciativas.
A partir de ello, el proyecto de investigación se desarrolló en dos fases. En la primera se generó un diagnóstico integrado que identifica y visibiliza estereotipos, representaciones de género y prácticas de discriminación en el Poder Judicial chileno, tanto en lo referido al acceso a la justicia de las personas usuarias como en las relaciones entre integrantes de dicho poder. En la segunda etapa, se elaboró este Protocolo de forma participativa, incorporando de diferentes maneras a quienes intervienen en el sistema de justicia. Además, el Protocolo se contextualizó a la realidad nacional, a las necesidades institucionales, a la percepción de personas integrantes de este poder y de personas usuarias, y se sustentó en conocimiento científico, nacional e internacional.
¿COMO HA SIDO ELABORADO EL PROTOCOLO?
Descripción de la Metodología.
En la primera etapa del Proyecto (primer año) se desarrolló un diagnóstico integrado. Éste fue el resultado de una metodología de investigación mixta, que contempló técnicas cuantitativas y cualitativas. Esto permitió contar con un diagnóstico sobre el acceso a la justicia en Chile en relación con el género y las diversidades sexuales, con énfasis en la atención a personas usuarias y el trato entre personas integrantes del PJUD. Como técnicas de levantamiento de información se realizó un reanálisis de la Base de datos con que fue elaborado el Estudio Diagnóstico del Poder Judicial en el año 2016 (con 3902 encuestas válidas), se desarrollaron 27 entrevistas a informantes clave y 10 grupos focales con un total de 55 participantes de diversas zonas geográficas del país (norte, centro y sur), pertenecientes a diversos perfiles considerando tanto a personas integrantes del PJUD como a usuarios externos. Además, se realizó el análisis de 74 sentencias judiciales, a partir de una muestra intencionada de forma estratégica hacia los objetivos del Proyecto, considerándose sentencias del ámbito del derecho civil, penal, laboral y familia.
En esta etapa, se consideraron otros antecedentes adicionales. Se desarrolló un marco teórico y conceptual y un marco normativo sobre elementos de género, acceso a la justicia e igualdad y no discriminación. Además, se revisaron estándares internacionales de derechos humanos y género que Chile se ha comprometido a respetar y promover, y que están alineados con el marco normativo en que se inserta la Política de Igualdad de Género y No discriminación del Poder Judicial. Finalmente, en el contexto iberoamericano, se realizó un análisis comparado de protocolos o instrumentos de similar naturaleza y propósitos (en total 66 documentos fueron consultados) y, además, se entrevistó a personas expertas de diferentes nacionalidades para conocer así la experiencia internacional. Todas estas fuentes constituyeron también un insumo para la elaboración del Protocolo.
La segunda etapa del Proyecto (segundo año) se orientó a la construcción del Protocolo, para lo cual se implementó una metodología participativa, contextualizada y validada. Este proceso fue dirigido por el equipo académico investigador de la Universidad de Concepción y contó con la colaboración de la STCS y de expertas nacionales e internacionales. De esta forma se fueron creando diversas versiones del Protocolo.
Las tres primeras versiones de Protocolo se trabajaron internamente y fueron revisadas por la STCS y expertas nacionales e internacionales en construcción de protocolos y/o temáticas de género. Las siguientes tres versiones también contaron con el acompañamiento de la STCS, pero principalmente fueron validadas mediante “Talleres Participativos” con personas integrantes del Poder Judicial de diferentes perfiles y materias (civil, penal, laboral, familia), como también por personas usuarias externas (abogados y abogadas de instituciones públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de nivel nacional o regional, que prestan servicios de asesoría jurídica, profesionales de clínicas jurídicas universitarias, representantes de organizaciones de la sociedad civil, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público). En total, se realizaron 7 talleres participativos, divididos en dos momentos, en los cuales las personas participantes proporcionaron retroalimentación que permitió ir mejorando las nuevas versiones del Protocolo tanto en aspectos de forma como de contenido.
Así, la sexta versión fue sometida a un proceso de validación para determinar si contaba con los atributos de comunicabilidad, adhesión, aplicabilidad y contextualización propuestos en la investigación. Para lograr esto, los diversos formatos de presentación del Protocolo (versión impresa, plataforma digital y documento versión PDF) se pusieron a disposición de personas integrantes del PJUD y personas usuarias externas, solicitándose que luego de revisar el Protocolo y usar la plataforma, completaran una encuesta online con preguntas cerradas en la que debían reconocer el grado de presencia de los atributos antes mencionados. Además, la encuesta contó con preguntas abiertas para que pudiesen realizar observaciones cualitativas al documento. Estadísticamente, los atributos del Protocolo fueron ampliamente validados y la información cualitativa obtenida de las preguntas abiertas se constituyó en un nuevo insumo para retroalimentar la versión séptima y final del Protocolo.
Una versión más detallada del proceso metodológico de elaboración del Protocolo se encuentra disponible en la sección Anexos.
METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO.
¿POR QUÉ USAR EL PROTOCOLO?
Justificación.
El Protocolo se enmarca en la implementación de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación que aprobó el pleno de la Excelentísima Corte Suprema en febrero de 2018. Tal Política fue elaborada durante el año 2017 a partir del Estudio Diagnóstico de la perspectiva de Igualdad de Género en el Poder Judicial chileno y efectuado entre fines del 2015 e inicios de 2016.
La Política, en cuanto instrumento de planificación, se estructura en base a cuatro objetivos estratégicos. Cada uno de ellos cuenta con dimensiones determinadas, las que están constituidas, a su vez, por líneas de acción específicas. Tales ejes estratégicos buscan incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer del Poder Judicial, sea en el ámbito interno, en la atención de personas usuarias, así como también en el ejercicio de la labor de juzgar. Ello para garantizar el efectivo acceso a la justicia para todas las personas sin discriminación.
El Protocolo está alineado con los ejes estratégicos sustantivos de la Política: no discriminación, enfoque de género en el acceso a la justicia, no violencia de género, así como con el eje transversal y funcional a ellos que es la capacitación.
La Política establece ciertas dimensiones en cada uno de sus ejes y líneas orientadoras de acción, entre las cuales se contempla la elaboración de protocolos. Así, por ejemplo, en cuanto al “Enfoque de género en el acceso a la justicia”, la creación y difusión de protocolos es planteada como una línea de acción para la dimensión de “Perspectiva de género en la atención y comunicación con los usuarios y usuarias” y de “Perspectiva de género en el ejercicio de la administración de justicia”.
Por ello, a través del uso del Protocolo por todas las personas que integran el Poder Judicial de Chile, cualquiera sea su estamento y la función que desempeñan, se favorecerán cambios progresivos necesarios para mejorar el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia para todas las personas, sean usuarias del sistema de justicia chileno o personas funcionarias.
En razón del contexto de investigación científica en que se inserta el Protocolo, el proceso participativo de su metodología de elaboración y la circunstancia de estar alineado con las acciones previstas en la Política de Igualdad de Género y No discriminación del Poder Judicial chileno, su utilización es también altamente recomendable por instituciones u organismos colaboradores o vinculados al Poder Judicial.
Este instrumento entrega una mirada integrada de la realidad de género y las diversidades sexuales en el Poder Judicial y, a partir de ella, proporciona recomendaciones específicas de actuación en dos niveles para tribunales que integran el Poder Judicial de Chile. Aquellas destinadas a mejorar la atención en justicia que se brinda a las personas usuarias, y aquellas dirigidas a promover un mejor trato y relaciones entre integrantes del Poder Judicial.
También, se incorporan otras recomendaciones, orientadas a la gestión de organismos e instancias dotadas de responsabilidades y atribuciones genéricas, transversales y de alcance nacional en materia judicial. Es el caso de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), la Academia Judicial y la propia Corte Suprema de Justicia.
