METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO

El reanálisis corresponde a un estudio con enfoque cuantitativo, temporalmente transversal y no experimental, de alcance explicativo, ya que se buscaba encontrar los factores que influyen en la discriminación, y existencia y reiteración de estereotipos de género al interior del PJUD.

Los datos empleados son de tipo secundario, provenientes de la Base de Datos del Estudio Diagnóstico sobre la Perspectiva de Género en el PJUD de Chile (2015-2016), los que fueron proporcionados por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. Tales datos fueron recogidos bajo la técnica de encuesta, mediante el uso de un cuestionario online y auto aplicado como instrumento con un total de 4294 encuestas respondidas. Para los fines analíticos de este reanálisis se consideraron 3902 encuestas como válidas.

En relación con los análisis, se consideraron un total de 15 variables independientes agrupadas en perfil sociodemográfico, escalafón de pertenencia, unidad de trabajo y perspectivas y formación de género, y se contemplaron 3 variables dependientes: machismo percibido al interior del PJUD, expectativa sobre desempeño igualitario en el PJUD y visión equitativa de género en las relaciones laborales.

Los principales resultados se encuentran publicados en el artículo “Algunas variables que influyen en las representaciones de género en el poder judicial de Chile.” Revista CES Derecho. Vol. 11, No. 1, enero a junio de 2020, 28-54. (Fuentealba et al. 2020)

La técnica de recolección de datos corresponde a la entrevista en profundidad semiestructurada, realizada por una dupla interdisciplinaria de entrevistadores, con el propósito de facilitar un adecuado manejo tanto de la técnica de entrevista como del lenguaje jurídico.
El contacto inicial con las personas entrevistadas se realizó mediante una invitación conjunta del equipo investigador y la STCS.
Se realizaron 27 entrevistas a los siguientes 6 perfiles de informantes clave:
1. Juez o jueza, ministro o Ministra de Tribunales Ordinarios
2. Representantes de Asociaciones Gremiales de funcionarios por estamento
3. Representantes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial
4. Representantes de la Academia Judicial
5. Personas usuarias externas
• Abogado/a de instituciones públicas de nivel nacional o regional, que prestan servicios de asesoría jurídica
• Organizaciones de la Sociedad Civil, representantes de ONG que prestan servicios de asesoría jurídica, clínicas jurídicas universitarias
• Defensoría Penal Pública
6. Testimonios relevantes de casos referentes
Distribución territorial de las entrevistas:
– Zona Norte: Iquique (2) y Copiapó (2)
– Zona Centro: Santiago (16) y Rancagua (1)
– Zona Sur: Concepción (5) y Temuco (1)

Se realizaron 10 grupos focales con un total de 55 participantes:

– 7 grupos focales fueron con participación de integrantes del PJUD correspondientes a los siguientes perfiles: jueces, juezas, consejeros y consejeras técnicas, personas del escalafón de empleados y escalafón secundario con responsabilidad de jefatura. La participación total fue de 35 personas.

– 3 grupos focales se realizaron con personas usuarias externas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, Ministerio Público y Defensoría Pena Pública. La participación total fue de 20 personas.”

La programación, convocatoria y ejecución de los Grupos Focales contó con la colaboración del PJUD a través de la STCS.

En la moderación de los grupos focales participó todo el equipo de investigadores, alternando duplas interdisciplinarias masculinas, femeninas o mixtas, según perfil de los participantes de cada grupo focal.

Distribución territorial de los grupos focales:

– Zona Norte: Antofagasta (1) y La Serena (1)

– Zona Centro: Valparaíso (1), Santiago (1) y Rancagua (1)

– Zona Sur:  Concepción (4) y Puerto Montt (1)

Corresponde a la técnica de análisis documental. Los documentos analizados, es decir, las sentencias judiciales, corresponden a un registro de carácter escrito y constituyen fuentes secundarias. Se utilizó una muestra intencionada y estratégica, correspondientes a los ámbitos del derecho civil, penal, laboral y familia. Las sentencias del área de familia fueron debidamente anonimizadas.

La delimitación del diseño muestral fue un proceso complejo debido a diversas limitaciones metodológicas relacionadas con las bases de datos sobre jurisprudencia disponibles. Como criterio de inclusión de sentencias se definió seleccionar aquellas con hallazgo “explícito o manifiesto” con relación a perspectivas de género y diversidad sexual, incluyendo: sentencias enviadas por la STCS a través del Centro Documental de la Corte Suprema, sentencias obtenidas desde la base de datos del Poder Judicial y sentencias identificadas y obtenidas por el equipo investigador.

Las sentencias analizadas correspondieron a 74 con hallazgo explícito o manifiesto, correspondientes a las siguientes materias:

– Civil: Acción por No Discriminación Ley 20.609 (9 sentencias)

– Civil: Cuidado Personal (15 sentencias)

– Civil: VIF y salidas del país (1 sentencia)

– Laboral (15 sentencias)

– Penal (12 sentencias)

– Ley 17.344 (22 sentencias)

Se desarrolló un marco teórico y conceptual y un marco normativo sobre elementos de género, acceso a la justicia e igualdad y no discriminación. Además, se revisaron estándares internacionales de derechos humanos y género que Chile se ha comprometido a respetar y promover, y que están alineados con el marco normativo en que se inserta la Política de Igualdad de Género y No discriminación del Poder Judicial.

Se realizaron siete (7) Pasantías Internacionales a los siguientes países: Perú, México, Costa Rica, Colombia, Argentina, España y Suecia.

El propósito de las pasantías fue conocer la experiencia internacional en el desarrollo de protocolos en el sistema judicial y extraer aprendizajes de cada experiencia para lo cual se sistematizó en cada caso el plan de trabajo realizado y los aprendizajes para el caso chileno.

En el contexto iberoamericano, se realizó un análisis comparado de protocolos o instrumentos de similar naturaleza y propósitos, que correspondieron en total a 66 documentos, elaborados por diversas entidades (Gobierno, el Poder Judicial, la Academia u otras).

Para la revisión de los protocolos se utilizó una pauta que contempló tres apartados principales: datos de identificación, aspectos de forma y aspectos de fondo.

Las tres primeras versiones de Protocolo se trabajaron internamente por el equipo investigador de la Universidad de Concepción y contaron con la revisión y retroalimentación de:

– STCS.

– Expertas en construcción de protocolos y/o en género. Dos expertas nacionales (Verónica Undurraga Valdés y Teresa Valdés Echenique) y dos expertas internacionales (Leticia Bonifaz Alfonzo y Clara Linde Hernández).

Las versiones 4, 5 y 6 también contaron con el acompañamiento de la STCS, pero además fueron validadas durante el proceso de construcción, mediante la realización de 7 Talleres Participativos que contaron con un total de 80 personas participantes. Los talleres participativos proporcionaron retroalimentación que permitió ir mejorando las nuevas versiones del Protocolo tanto en aspectos de forma como de contenido.

Los perfiles de las personas participantes de los talleres fueron los siguientes:

1. Juez y Juezas de Tribunales Ordinarios.
2. Administradores/as de Tribunal y Jefes/as de Unidad.
3. Funcionarios/as escalafón secundario.
4. Directivos/as Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
5. Directivos/as Academia Judicial.
6. Personas usuarias pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil,

    Defensoría Penal Pública y Ministerio Público.

Distribución territorial de los talleres participativos:

– Zona Norte: Arica (1)

– Zona Centro: Valparaíso (1), Santiago (2)

– Zona Sur:  Concepción (1), Temuco (1) y Punta Arenas (1)

La sexta versión fue sometida a un proceso de validación para determinar si contaba con los atributos de comunicabilidad, adhesión, aplicabilidad y contextualización.

El diseño inicial para la Validación Final del Protocolo contemplaba un pilotaje presencial en dos tribunales de justicia del país por un período aproximado de un mes. Debido a la crisis sanitaria del COVID-19, las condiciones institucionales de funcionamiento del Poder Judicial no permitían ejecutar la validación final del protocolo como fue diseñada originalmente, por lo que la validación tuvo que ser modificada con acuerdo de la STCS y aprobación de ANID.

Así, la validación final del protocolo en su versión 6 consistió en un proceso no presencial, que implicó  que los 3 formatos de presentación del Protocolo (versión impresa, plataforma digital y documento versión PDF) se pusieron a disposición de personas integrantes del PJUD y personas usuarias externas, solicitándose que luego de revisar el Protocolo y usar la plataforma, completaran una encuesta online con preguntas cerradas en la que debían reconocer el grado de presencia de los atributos. Además, la encuesta contó con preguntas abiertas para que pudiesen realizar observaciones cualitativas a los 3 formatos de presentación del protocolo.

La hipótesis de validación establecía que “Las personas perciben que el Protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual – y sus atributos- constituye una herramienta útil para el trabajo de las personas integrantes del PJUD, ya que favorece una mejora en el acceso a la justicia y el trato, tanto para las personas usuarias como las mismas personas integrantes”. El testeo de esta hipótesis se realizó mediante la aplicación de un instrumento cuantitativo (cuestionario) con preguntas tipo Likert (con alternativas que van desde Muy de acuerdo hasta Muy en desacuerdo) que buscaron conocer la evaluación que tienen las personas sobre los atributos del Protocolo.

En la construcción del cuestionario se utilizó como recurso metodológico para revisar y nutrir el instrumento, la evaluación de 3 personas expertas.

Se consideró como informantes clave a personas integrantes de instituciones y organizaciones que previamente participaron en el proceso de construcción del protocolo.  De esta forma la muestra, aunque no es probabilística, presenta una adecuada heterogeneidad y estuvo compuesta por un total de 47 participantes, correspondientes a seis perfiles:

1. Ministro o Ministra, Juez o Jueza de Tribunales Ordinarios.
2. Asociaciones gremiales que integran el PJUD.
3. Directivos/as Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
4. Directivos/as de la Academia Judicial.
5. Personas usuarias pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil.
6. Testimonios Relevantes de Casos Referentes y/o Paradigmáticos.

Estadísticamente, los atributos del Protocolo fueron ampliamente validados y la información cualitativa obtenida de las preguntas abiertas se constituyó en un nuevo insumo para retroalimentar la versión séptima y final del Protocolo.

La versión 7 del Protocolo se elaboró considerando diversos insumos que permitieron una amplia retroalimentación integrando los aportes y conclusiones centrales de la encuesta de validación (datos cuantitativos y cualitativos), aportes y comentarios de la STCS, aportes y revisión del propio equipo investigador.