Debe considerarse que la oferta formativa, de capacitación y difusión que se ofrece al Poder Judicial sea comprensiva de esta temática. Esto es, los ámbitos jurídicos, pero también visiones socio-antropológicas y psicológicas que permitan visibilizar e interpretar la realidad, así como reconocer causas de las desigualdades estructurales, las distintas identidades sexuales y lograr herramientas que favorezcan los cambios. Asimismo, se deben vincular los temas de género y diversidad sexual a otros ejes de discriminación estructural desde una mirada interseccional.

• Articular la oferta en el Poder Judicial con las políticas públicas nacionales y de otras reparticiones relacionadas en materias de género y diversidad sexual.
• Consultar periódicamente a cada persona integrante de la Institución, las materias específicas de género y diversidad sexual en que estiman necesaria capacitación, teniendo presente siempre la pertinencia a la naturaleza de las funciones que se desarrollan.
• Vincularse con el medio académico especializado y profesionales de diversas disciplinas, no sólo jurídicas, gestionando posibles cursos o talleres dictados por entidades académicas para formar a las personas funcionarias de un tribunal enfocado a la realidad interna del mismo.
• Validar toda oferta que se reciba a través de revisión de personas expertas a fin de garantizar su idoneidad y que no incluya contenidos sexistas o binarios.
• Velar que toda oferta de formación en temas de derecho sobre género y diversidad sexual incluya el marco normativo internacional.

• Autoacordado sobre sistema integrado de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial (Acta N° 183-2014). Enlace aquí.
• Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia caso Atala Riffo y niñas, Serie C 239, párrafos 271 y 272. Enlace aquí.
• Recomendaciones para el abordaje de una política de género en el Poder Judicial chileno de la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación de Magistrados y de la Asociación de Magistradas Chilenas en conjunto. Enlace aquí.